No son excepciones. Muchos de los grupos de investigación que en España están liderando la batalla contra el coronavirus (y otras tantas enfermedades) en los laboratorios están formados por un único científico contratado fijo mientras que el resto del equipo es personal temporal o doctorandos que apenas cobran 1.000 euros por su trabajo. Eso si el investigador jefe no está jubilado, como ocurría con el responsable de una de las vacunas anticovid del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Vicente Larraga. «Yo cobro mi jubilación del Estado, pero si me voy yo se tiene que disolver el grupo de investigación porque no convocan plazas y no me pueden sustituir», explicó en una entrevista a Cuatro.

El proceso de convertirse en un investigador con sueldo y carrera estable es largo y complejo, pero más allá de los tecnicismos y la burocracia la realidad es una. Y la explica bien Alberto Jiménez Schuhmacher, uno de los científicos más laureados de nuestra comunidad. «Las condiciones son pésimas. Durante los primeros años que estuve becado no coticé nada a la Seguridad Social, aunque eso ahora ha cambiado. Después te tienes que ir de estancia al extranjero y cuando vuelves, si tienes suerte, te dan un contrato de reincorporación que también es temporal. Y ya después se supone que después te tienen que contratar, pero conozco mucha gente que se ha quedado sin nada. El 90% de las veces no sacan plaza, por lo que llegas a los 40 y no tienes nada», insiste Schuhmacher. «Tengo amigos que han estado en Harvard o el MIT (Massachusetts Intsitute of Tecnology), llegan a España y cobran 31.100 euros brutos al año durante cinco años y luego no se les contrata. Y en Alemania les harían catedráticos», añade el investigador.

Schuhmacher no se corta a la hora de hablar de precariedad en el sector y explica que no ha sido hasta ahora, cuando ha pasado de los 40, cuando ha conseguido estabilidad laboral. «Hace un tiempo fui a pedir una hipoteca y el del banco se me reía. Sí, soy hijo predilecto de Zaragoza y me nombraron Aragonés del Año, pero más allá de eso hasta ahora no he podido estar tranquilo», explica el científico, que es el investigador principal del grupo de Oncología Molecular del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón.

Así, el sistema se aprovecha en muchas ocasiones de la vocación de estos científicos para mantener las investigaciones en curso. «Ha pasado muchas veces. En Zaragoza, sin ir más lejos, el investigador principal de la vacuna de la tuberculosis (Carlos Martín), que es el proyecto estrella de la universidad, ha estado cerca de abandonar más de una vez. Él lo ha dicho. Pero si no fuera por él y porque ha aguantado todo, el proyecto se hubiera acabado», asegura Schuhmacher.

«Tendría que existir una carrera científica clara con un calendario establecido para que las personas que se dediquen a la investigación sepan que si hacen las cosas bien van a tener trabajo. Eso ahora no pasa. Y sobre el sueldo yo no me he preocupado hasta ahora, que soy padre, pero mucha gente apenas cobra mil euros con 30 años. En Mercadona llegas a 1.800», zanja Schuhmacher.

A pesar de todo, este científico es un caso de éxito, puesto que por cada uno que consigue estabilidad hay muchos que se quedan en el camino. Por resumir, la carrera investigadora podría dividirse en dos etapas, en cada una de las cuales se tiene acceso a diferentes tipos de contratos. Por un lado están los predoctorales, que son para los investigadores todavía trabajan en su propia tesis doctoral; y por otro los que ya han superado ese paso y se han acreditado como doctores, los conocidos como postdoc.

La lucha permanente

En Zaragoza, el colectivo PIF Unizar lucha por los derechos de los que tienen contratos predoctorales, que cuentan con un estatuto que regula su situación laboral desde hace tan solo dos años. «Los PIF somos el personal investigador en formación. Es una figura que se creó en el año 2011 para sustituir lo que hasta entonces eran becarios», explica Darío Badules, uno de los representantes del colectivo. En este estadio de la carrera, los doctorandos pueden acceder generalmente a tres tipos de contratos: los de la DGA, los FPU (Formación de Profesorado Universitario) y los FPI, que están vinculados con proyectos y grupos de investigación concretos. Principalmente, estas personas trabajan en la universidad. Investigan en su tesis mientras colaboran y trabajan para su grupo de investigación o imparten docencia en el campus. Todo por el módico precio de entre 1.000 y 1.200 euros al mes durante los dos primeros años de los cuatro que duran estos contratos, puesto que después la cuantía sube «un poco».

«Consideramos que es injusto porque son contratos muy competitivos a los que es bastante complicado acceder. A veces con un sobresaliente de media en la carrera, además de otros méritos, te quedas fuera. Ni de lejos se retribuye en función del mérito. Y todavía hay gente, además, que dice que tenemos suerte porque nos están pagando por estudiar», explica Badules, que tiene un contrato FPU.

Así con todo, sea cual sea la etapa en la que se encuentren parece que pocos científicos españoles se sienten respaldados por la Administración. «Fuera de España se nos rifan. Los que aguantamos es porque tenemos muchas ganas y por eso en otros países estamos muy cotizados», apunta Schuhmacher.

Los sueldos de los 'postdoc'

La crisis del 2008 supuso un punto de inflexión en la inversión en ciencia e investigación en España. Eso mismamente llevan tiempo denunciando desde la Federación de Jóvenes Investigadores Precarios (FJI/P), que en un estudio han constatado que desde el 2008 al 2018 conseguir financiación después del doctorado se ha vuelto más complicado a pesar de que la remuneración es menor. Existen tres tipos de contratos estatales para estas personas: los Juan de la Cierva Formación, los Juan de la Cierva Incorporación y los Ramón y Cajal. Pues bien, según FJI/P, los salarios de estos contratos han perdido un 17%, un 17,5% y un 21,5% de poder adquisitivo, respectivamente.

«Los criterios para conseguir cualquiera de estos contratos son durísimos. Para todos ellos es necesario haber pasado diez años de formación (grado, máster y doctorado) y unos méritos de investigación excelentes. Además, en un gran porcentaje de casos ganar el contrato es casi imposible sin haber tenido al menos un contrato de investigación en el extranjero. Una exigencia del más alto calibre que ha ido aumentando a la vez que disminuía el poder adquisitivo de estos salarios», lamentan desde esta organización. En el año 2020, sin ir más lejos, se convocaron en toda España 278 plazas Juan de la Cierva Formación (22.650 euros al año de sueldo); 278 Juan de la Cierva Incorporación (26.300 euros); y 247 Ramón y Cajal (33.300 euros anuales).

Asimismo, desde la federación pelean ahora porque se apruebe un estatuto que regule las condiciones laborales de los investigadores postdoctorales, como ya existe para los predoctorales, puesto que no hay ninguna norma que armonice la situación de estas personas. «El propio Estado está fomentando la desigualdad entre los diferentes tipos de contratos. Depende de la convocatoria en la que te den el contrato cobras más o menos. Tendrían que existir unas normas comunes y que cada uno cobre según su cargo y su responsabilidad», explican a este periódico fuentes del FJI/P. Desde este colectivo también han propuesto simplificar la carrera investigadora. «Queremos tener seguridad y que nos permitan tener un horizonte definido. No puede ser que vivamos en la incertidumbre», lamentan.