La Guardia Civil ha investigado a siete personas como presuntos responsables de la intoxicación alimentaria por histamina de 105 personas en distintas regiones del país, entre ellas Aragón, tras consumir atún, que procedía de una empresa del Levante de Almería.
El Instituto Armado les imputa un delito contra la salud pública con productos alimenticios, otro de falsedad documental y un delito relativo a los consumidores, según informa en un comunicado.
La investigación se inició el pasado mayo tras la alerta sanitaria emitida por la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), por la intoxicación por histamina en el consumo de atún, comprado en estado fresco-descongelado a una empresa del Levante almeriense, dedicada a la compra, venta y elaboración de este producto.
Además de Aragón, Andalucía, Murcia, Valencia, Cataluña, Castilla y León, Madrid y País Vasco fueron algunas de la comunidades afectadas por la intoxicación, que llegó también a Alemania, Francia, Italia y Portugal.
Fue la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía la que dio la voz de alarma cuando averiguó que eran dos los lotes implicados de un mismo proveedor en la intoxicación y que fueron retirados del mercado por las autoridades sanitarias autonómicas.
La Guardia Civil inspeccionó las instalaciones de la empresa investigada y constató que en realidad eran hasta seis los lotes de varios proveedores implicados en la contaminación alimentaria.
Era tal la falta de control en la trazabilidad del atún comercializado, que en las etiquetas encontradas no coincidían el número de lote con el que figuraba en su albarán o factura.
Pese a que la empresa cuenta desde marzo con un Plan General de Higiene y Autocontrol, su implantación no se llevó a cabo en ninguno de sus apartados, ni en el sistema de trazabilidad, muestras de atún y material a analizar, registro de temperaturas, conservación y tiempos de espera.
Los agentes trataron de determinar el momento exacto de la pérdida de frío del atún, pero no fue posible debido a la falta de control documental de la empresa.
Sí que descubrieron que la empresa facilitaba a algunos de sus compradores copia de los resultados analíticos sobre el estado sanitario del atún basados en informes que habían sido manipulados.
Además, la Guardia Civil verificó que en las etiquetas constaba información dirigida a los consumidores que no era veraz en cuanto a la zonas de captura de los atunes, y sobre todo a las artes de pesca usados, donde indicaban que el atún procedía de palangre, sedales y anzuelos, cuando en realidad dicha pesca era de cerco.
