El Código Penal persigue a toda persona que con violencia o intimidación intenta influir directa o indirectamente en quien sea denunciante, abogado, perito, intérprete o testigo en un procedimiento para que modifique su actuación procesal. En concreto, está castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a veinticuatro meses. La normativa asegura que si el autor del hecho consigue su objetivo se le impondrá la pena en su mitad superior. Iguales penas recibirá quien, además, atente contra la vida, libertad, integridad, libertad sexual o bienes como represalia contra las personas por su actuación en un procedimiento judicial. A diferencia de otras comunidades autónomas, en Aragón este tipo de delito no suele ser juzgado porque no se llega a denunciar. No obstante, la Fiscalía es la que generalmente está vigilante.
