Lo que no pudo ser con persuasión y campañas de información se está logrando a golpe de leyes en Italia. El objetivo: frenar al movimiento antivacunas. Esto es lo que sugiere el último informe difundido por el ministerio de Salud italiano sobre las tasas de vacunación de la población en edad infantil (hasta los seis años). «La cobertura vacunal de los niños y las niñas ha aumentado en los primeros seis meses de 2018, comparado con el mismo período del año anterior», afirma el dossier. «En muchos casos fue alcanzado y superado el umbral del 95% exigido por la Organización Mundial de la Salud (OMS)», insisten las autoridades sanitarias, que han hecho públicos los datos deliberadamente y con anticipación para evaluar el impacto de la ley que en 2017 introdujo diez vacunas obligatorias en las escuelas públicas infantiles y guarderías.
El informe subraya aumentos generalizados en el suministro gratuito de la vacuna hexavalente (difteria, tétanos, tos ferina, poliomielitis, Haemophilus influenzae tipo B y hepatitis B), que superaron el 95% en niños nacidos en 2014 y 2015. De igual modo destaca un incremento de un 3,6% para la cuarta dosis de la vacuna antipoliomielitis en menores de 5 y 6 años, así como de un 4,3% para la segunda dosis contra el sarampión para los niños de la misma edad.
Un dato similar al que registra la primera dosis del sarampión, que alcanzó el 94,1%, un 2,3% más que en el mismo período el año anterior, y lejos del grito de alarma que se levantó en 2015, cuando la cobertura vacunal de niños de 0 a 2 años contra esta enfermedad se había estancado en un 85%, algo que coincidió con la cifra récord de casi 5.000 casos de contagiados.
Imposibles de convencer
«Finalmente, el Gobierno está empezando a decir con claridad de parte de quién está», afirma a este diario el virólogo Roberto Burioni, considerado una eminencia en Italia por parte de los favorables a las vacunas y una especie de bestia negra para los que están en contra. Burioni, que ha llegado a estar amenazado de muerte, insiste en que la vacunación obligatoria es un claro fracaso de la sociedad. «Pero, ¿qué hacer si todavía algunos creen que la Tierra es plana? Lo cierto es que los antivacunas son imposibles de convencer y el derecho a la salud es un derecho irrenunciable, incluso más importante que la educación», añade Burioni, en referencia a la certificación que las escuelas públicas deben exigir a los padres y las madres para que demuestren que sus hijos e hijas han sido inmunizados.
El camino político de este triunfo médico no ha sido fácil. La política del anterior Ejecutivo (liderado por el Partido Demócrata, de centroizquierda) obligaba a vacunar, así que el actual Gobierno (integrado por los populistas del Movimiento Cinco Estrellas, el M5S, y la soberanista Liga) empezó por denostar la ley y poner en discusión su utilidad. Especialmente después de que, antes de las elecciones generales del año pasado, algunos sondeos llegaran a afirmar que el 8% de los italianos se pronunciaban contrarios a cualquier vacunación.
Sin embargo, tiempo después, M5S y Liga optaron por no modificar la legislación. Solo introdujeron algunas pequeñas enmiendas, como ampliar el plazo para que los padres pudieran extender el período para presentar el documento donde los médicos especifican las vacunas de los críos.
Ese plazo, precisamente, finalizó a principios de este mes. Así que ya se han enviado las primeras cartas de aviso de expulsión para los niños no vacunados hasta los 6 años, que tan solo en la ciudad de Bolonia fueron 300. La mayoría de las escuelas aseguran que están intentando mantenerse flexibles, aunque han advertido que expulsarán de inmediato a los pequeños cuyas familias se hayan declarado contrarias a la inmunización.
Expulsión de los colegios
«A nivel nacional se habla de algunos centenares que recibirán una orden de expulsión», dice el profesor Lamberto Montanari, responsable de la Asociación Nacional de Directores de Escuelas Públicas para la región de Emilia Romaña, que alberga un importante colectivo de antivacunas. La normativa ya ha creado episodios de tensión en algunas escuelas. Además, la legislación prevé multas para las familias de menores entre los 6 y los 16 años para las que se prevén multas de 100 a 500 euros si no han sido vacunados.
