Los edificios de Calatayud no gozan de buena salud, y si no que se lo digan a los vecinos de la ´casa azul´, cuyo inmueble de apenas treinta años sufrió una ´muerte súbita´, o dicho en palabras técnicas, un colapso estructural, el pasado 10 de noviembre. Pero no ha sido el primer caso preocupante en la ciudad. Recientemente, la iglesia de San Andrés y la casa de la Juventud tuvieron que ser apuntalados. Y, para colmo, la última alerta la han protagonizado las grietas del colegio Baltasar Gracián.

Ante esta ´epidemia inmobiliaria´, el ayuntamiento se ha decidido a cortar por lo sano, y va a someter a todos los edificios de la capital del Jalón a un chequeo estructural. Se trata de una nueva ordenanza que obligará a los bilbilitanos a realizar inspecciones periódicas de sus viviendas. La idea no es nueva, de hecho hace sólo unos meses se puso en práctica en la capital aragonesa. Pero en el caso de Calatayud la iniciativa cobra una mayor relevancia a tenor de los últimos acontecimientos.

Según el concejal de urbanismo, José Antonio Sanmiguel, se trata de una inspección técnica similar a la que pasan los vehículos. La ordenanza, que se espera que esté ultimada en unos meses, tendrá en cuenta variables como la edad del edificio, y el estado de sus estructuras e instalaciones. En líneas generales, esta nueva norma obligará a los propietarios a someter sus inmuebles de forma periódica a una revisión especializada donde se certifique el buen estado de sus componentes estructurales. En el caso de que se detecte alguna deficiencia o deterioro arquitectónico que suponga un riesgo para su estabilidad, deberán ser los mismos propietarios --al igual que sucede con los vehículos-- los que se encarguen de subsanarlos.

Campaña ciudadana

El alcalde de Calatayud, Fernando Martín, ha pedido a los responsables de urbanismo que mientras entra en vigor la nueva ordenanza se promueva una "campaña de concienciación ciudadana", para que los propietarios e inquilinos de edificios velen por la conservación de sus inmuebles.

Esa campaña instará a los vecinos a que revisen periódicamente sus inmuebles y soliciten la opinión de los técnicos en el caso de que encuentren sospechas sobre su estado de conservación.