La maquinaria pesada ha vuelto al valle de Castanesa, escenario de las obras de la polémica ampliación de la estación de esquí de Cerler, Y con ellas se ha reabierto la tensión en el cuatripartito en torno a un proyecto emblemático para PSOE y PAR, impulsado por Aramon (y por tanto por Ibercaja), pero criticado históricamente por los partidos con más sensibilidad ecologista, como IU, Podemos y CHA. Solo que estos últimos entraron a formar parte de un Ejecutivo autonómico cuya línea oficial sigue siendo el apoyo al proyecto. Fuentes de la formación morada afirmaron que han trasladado su «malestar» con esta actuación en el seno del Gobierno, y CHA la criticó, como partido, en un comunicado firmado por su presidente, Joaquín Palacín.
La polémica volvió a abrirse este miércoles, al detectar la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón que las máquinas habían vuelto al valle. De hecho denunciaron que se trata de una obra «ilegal», porque no cuenta con el visto bueno de la consejería de Vertebración del Territorio, bajo control de CHA a través del consejero José Luis Soro.
Según afirmaban los ecologistas, y confirmaron fuentes del área, las actuales obras no hay llegado a contar con su permiso expreso. Aramon, por contra, entiende que no les han puesto trabas, y cuenta además con el visto bueno del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), dependiente del PSOE.
SUBSANACIÓN
Hasta donde coinciden las versiones, el departamento de Soro reclamó a la empresa, en un informe del 2 de junio, algunas precisiones e información complementaria para comenzar las obras de expropiación. El informe refleja discrepancias del plan de obras de este año (presentado en enero) con el Plan General de Interés Autonómico (PIGA) aprobado para este proyecto, como el aumento de la anchura media de la pista, el redimensionado de una balsa, la carencia de un estudio antialudes o los proyectos ejecutivos de los edificios que se han de desarrollar. También señalaba que solo se habían aportado los bienes afectados por las obras en su primera fase de ejecución. Y tampoco constaban los acuerdos a los que aseguraba haber llegado Aramon con alguno expropiados.
Aramon se reunió con el departamento y le aclaró las dudas, que justificó luego documentalmente en un envío posterior, el 14 de julio. Según informó la empresa este miércoles, a través de un comunicado, no les manifestaron ninguna objeción en ese encuentro, y tampoco a la documentación que remitieron. Fuentes del departamento que controla CHA indicaron que no han contestado porque la están analizando, no porque esto suponga un permiso. Indicaron, de hecho, que les dijeron expresamente que no podían iniciar los trabajos.
La empresa no lo entendió así, y afirmó ayer que se reserva «el ejercicio de las acciones oportunas en defensa de sus intereses». Antes llegarán las acciones de la plataforma ecologista, que según anunció denunciará este jueves ante Vertebración y Medio Ambiente de la DGA_y ante el Seprona de la Guardia Civil.
Mientras, CHA, como partido, pidió «paralizar inmediatamente» esta actuación. «Nuestra oposición a este proyecto es tan coherente como conocida y la hemos defendido siempre, pública y abiertamente», sostenía el presidente de los aragonesistas. ,
IU, por su parte, en otro comunicado firmado por su coordinador, Álvaro Sanz, consideró que «es intolerable que primero se lleven la boca con la sostenibilidad y, a la primera de cambio, metan las excavadoras en el Pirineo para continuar con sus faraónicas y delirantes obras». La formación instó a CHA y Podemos a paralizar las obras desde dentro del Ejecutivo y a retratarse en este asunto.
