IU considera que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que anula la operación urbanística en Montanuy para posibilitar el proyecto de ampliación de la estación invernal de Cerler agrava la situación económica de Aramón.

Así lo ha asegurado hoy en rueda de prensa el diputado de la formación en las Cortes de Aragón Miguel Aso, quien ha comparecido para informar de la presentación en la Cámara de una proposición no de ley para instar al Gobierno aragonés a "acatar" la sentencia y a no recurrirla en casación ante el Tribunal Supremo.

El parlamentario se ha preguntado por los motivos por los que el Ejecutivo aragonés del PP ha anunciado su decisión de recurrir la sentencia a pesar de haber descartado previamente el proyecto de ampliación de la estación de Cerler.

Aso ha atribuido esta situación a la pérdida económica que podría suponer para Aramón la anulación de la operación urbanística proyectada en Montanuy, que ha cifrado en 30 millones de euros.

Para el diputado, la pérdida de valor del suelo adquirido por Aramón años atrás para posibilitar el proyecto agravaría la actual deuda que sostiene la sociedad, en torno a 78 millones de euros, y evidenciaría el "fracaso" de un modelo productivo para la nieve basado en el "pelotazo" urbanístico.

Así, ha considerado que la razón por la que el Gobierno aragonés podría llegar a recurrir la sentencia del TSJA sería "ganar tiempo" ante la pérdida del valor del suelo.

La propuesta de resolución de IU insta al Gobierno aragonés a no presentar recurso contra la resolución judicial y a descartar proyectos de ampliación de las estaciones pirenaicas como la de Cerler o la de Formigal por Canal Roya.

En relación a este punto, Aso se ha mostrado partidario de potenciar y de "poner en valor" las actuales instalaciones de esquí del Pirineo aragonés debido a la actividad económica que generan, y de descartar cualquier proyecto de ampliación.

Por otra parte, la moción insta al Gobierno aragonés a plantear en el consejo de administración de Aramón la apertura de una investigación dirigida a determinar las razones por las que se compraron los terrenos en Montanuy sin cláusulas de salvaguarda a la espera de la aprobación definitiva de la operación urbanística.