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MEMORIA DEMOCRÁTICA

IU exige a la DGA que dote de recursos la Ley de Memoria Democrática

 

EFE
11/03/2019

El coordinador general de Izquierda Unida Aragón, Álvaro Sanz, ha exigido este lunes al gobierno autonómico que dote de recursos humanos y materiales la Ley de Memoria Democrática de Aragón que aprobaron las Cortes en noviembre de 2018 para "devolver la dignidad a tantas personas que murieron por la democracia".

Sanz ha incidido en rueda de prensa con la portavoz parlamentaria de IU, Patricia Luquín, en que faltan medios para crear un banco de ADN para familiares de víctimas de desaparecidos durante el franquismo y para poner en marcha la comisión técnica encargada de implementar las políticas públicas de Memoria Democrática, prevista en el artículo 35 de la Ley.

Ambas medidas estaban dotadas con 75.000 y 15.000 euros, respectivamente, en los presupuestos autonómicos de 2018 pero no se llegaron a ejecutar, ha aseverado el coordinador de la formación, quien también ha emplazado al consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, a que habilite las partidas correspondientes en la prórroga presupuestaria de 2019 para que las asociaciones memorialistas puedan recibir subvenciones.

Sanz también ha señalado que su partido mantuvo cinco reuniones con la DGA desde la aprobación de los presupuestos de 2018 para informarse sobre el estado de las medidas implantadas en este ámbito y ha criticado la "falta de voluntad" del PSOE que, ha dicho, no cumple con la Memoria Democrática.

Además, ha tachado de escasa la repercusión que, a su juicio, tuvo el Día de la Memoria Democrática de Aragón el 3 de marzo porque el Ejecutivo solo organizó actos en Alcañiz, y ha asegurado que "miles de cuerpos" en fosas están siendo recuperados por sus familias, sin que la Administración aporte medios.

Por su parte, Luquín ha reconocido el mérito del Gobierno aragonés por aprobar la Ley de Memoria Democrática "en tiempos difíciles", pero ha criticado que no cuente con el desarrollo, reglamentación y presupuesto necesarios para su ejecución.

Esto revela, de acuerdo con la portavoz parlamentaria, una "falta de voluntad política" por parte de la DGA o que tiene "prioridades diferentes".

Luquín también ha acusado al Ejecutivo de Lambán de no cumplir con los acuerdos llegados entre la DGA e IU para la aprobación de las cuentas de 2018 entre los que estaba, ha asegurado, el desarrollo de la Ley.