IU ha presentado hoy ante el Parlamento Europeo una solicitud de información para verificar si las medidas de control de calidad de las aguas en el río Gállego, afectadas por la presencia de lindano, cumplen con la normativa comunitaria de garantía para el consumo humano.
Según informa la coalición de izquierdas, la iniciativa ha sido presentada por la eurodiputada de la formación Ángela Vallina al entender que la contaminación por lindano del río Gállego es una cuestión de "extrema gravedad" que podría suponer el incumplimiento de cuatro directivas europeas sobre calidad del agua.
Izquierda Unida pretende que Bruselas determine si las medidas de control de elementos contaminantes pueden garantizar que las 23 poblaciones que se abastecen de aguas del Gállego disponen de un agua de calidad y sin elementos perjudiciales para la salud.
La iniciativa se ha tramitado a petición del grupo de IU en las Cortes de Aragón, para cuyo portavoz en la comisión de Medio Ambiente, Miguel Aso, la situación actual, con cuatro poblaciones a las que se les ha prohibido abastecerse de agua del Gállego, es "alarmante".
Según Aso, "el peligro para la salud pública es más que evidente tras la prohibición a los vecinos de estos municipios de beber agua del grifo, y a esto hay que añadir el peligro existente para la flora y fauna, para el ecosistema y la zonas que bañan sus aguas y para los cultivos".
El parlamentario lamenta la "falta de información" por parte del Gobierno aragonés respecto a la presencia de lindano en el Gállego, que coincide con los trabajos de desmantelamiento del vertedero de Bailín, donde fueron depositadas años atrás miles de toneladas del pesticida, y que el Ejecutivo regional a atribuye a filtraciones causadas por las recientes tormentas registradas en la zona.
A juicio de Aso, se debe de conocer el origen de este incremento para advertir que los efectos negativos del lindano en nuestro territorio pueden ser mayores de los valorados inicialmente".
El responsable político responsabiliza de esta situación a la empresa Inquinosa que durante años, antes del cierre definitivo de su planta de Sabiñánigo en 1994, vertió "sin control alguno" toneladas de residuos "letales" para la fauna y flora.
"Estos restos -añade- siguen hoy enterrados, en parte sin ningún control, y suponen el mayor desastre medioambiental de la provincia de Huesca, y sin duda uno de los mayores del Estado español".
Un desastre medioambiental, subraya, por el que "nadie ha pagado" a excepción de las administraciones públicas en las diversas iniciativas llevadas a cabo para la descontaminación de las zonas afectadas.
