Izquierda Unida exige la ampliación del plazo de suspensión de los desahucios durante al menos dos años más, la dación en pago como fórmula preferente para la resolución del conflicto, la paralización de ejecuciones hipotecarias y la firma de un convenio con el Sareb que permita una gestión pública de las viviendas que administra.
Esta batería de propuestas será la que el diputado de IU, Miguel Aso, trasladará hoy a la Comisión de Obras Públicas a través de una iniciativa en la que reclama al Gobierno aragonés que se dirija al Central para que solicite la modificación de la ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. En Aragón se registraron entre enero y marzo 239 casos de ejecuciones hipotecarias.
