IU ha presentado una proposición no de ley en las Cortes para garantizar la inclusión de cláusulas en los pliegos de condiciones de los contratos públicos, entre otras, que se suspendan aquellos cuyas empresas no mantengan las condiciones laborales en materia de horario y trabajo sin acuerdo con los empleados.
En la iniciativa, IU solicita al Gobierno de Aragón, en primer lugar, que se dirija a la Junta Consultiva de Contratación de Aragón para pedirle un informe que dictamine la legalidad de incluir estas cláusulas sociales y medioambientales en los pliegos.
Una vez ésta se pronuncie, que se incorporen tres premisas en estos pliegos, la primera para obligar a la empresa contratista a no minorar unilateralmente las condiciones de trabajo establecidas, así como a aplicar cualquier mejora sobre la legislación laboral básica en función del correspondiente convenio colectivo.
Si la empresa no respeta esta obligación, IU pide en su iniciativa que se penalice a la empresa económicamente y que se incluya una cláusula de suspensión de prórroga en estos casos.
A juicio de IU, que recuerda que lleva luchando por este asunto tres años, la "crudeza de la crisis" y la necesidad de "velar por unos salarios y condiciones dignas hacen imprescindible la intervención de las administraciones públicas para evitar que en los procesos de licitación acaben sufriendo las minoraciones económicas las personas que trabajan en las empresas".
IU ha presentado ya mociones e iniciativas similares en Tarazona, Monzón, Alcañiz, Utebo, Ejea, Andorra, La Puebla de Alfinden, la Diputación de Zaragoza y las tres capitales de provincia, y sólo no ha salido adelante en Huesca y Teruel.
La intención de IU, ha dicho el diputado en las Cortes Luis Ángel Romero en rueda de prensa es que los contratos públicos tengan cláusulas "más justas y dignas", que los colectivos desfavorecidos "tengan prioridad" y que se tengan en cuenta también las cuestiones de igualdad o medioambientales.
Para el concejal de IU en el Ayuntamiento de Zaragoza Raúl Ariza, la inclusión de estas cláusulas es "legal, posible y viable", siempre a pesar de que Izquierda Unida sigue pensando que lo mejor sería que los servicios los prestaran directamente las administraciones.
