La semana que viene, si todo transcurre por los cauces previstos, Aragón y Zaragoza tendrán aprobados por fin sus presupuestos anuales gracias al acuerdo al que han llegado los partidos de la izquierda en el Palacio de La Aljafería y en la casa consistorial, no exento de dificultades y que oculta fricciones y desencuentros más o menos insalvables.

En lo que respecta a los presupuestos de Aragón de 2018, el miércoles 28 de febrero se celebrará en las Cortes el pleno de su aprobación definitiva, siempre que los inscritos de Podemos den el visto bueno a las cuentas en la consulta telemática que se celebra hasta mañana.

IU también ha preguntado (hasta hoy) a sus afiliados y simpatizantes por el sentido del voto de su única diputada en el Parlamento.

La dirección de la formación morada, recién superado el relevo en la secretaría general por el que Nacho Escartín sustituyó a Pablo Echenique, decidió en esta ocasión, y a diferencia de lo que ocurrió con las cuentas de 2017, negociar los presupuestos previamente a su aprobación por el Consejo de Gobierno y hacerlo "sin líneas rojas".

Los líderes de Podemos aseguran que, además de conseguir un pacto previo sobre las cuentas, han trabajado duramente en el trámite de enmiendas para "dar color" a unos presupuestos que entrarán en vigor con dos meses de retraso sobre lo que marca el Estatuto de Autonomía. En 2017 el retraso fue de cuatro meses y medio.

Las posturas diametralmente opuestas que mantienen el Gobierno y Podemos respecto al ICA, asunto en el que entra de lleno el Ayuntamiento de Zaragoza con el rechazo frontal de ZeC a este impuesto, ha sido lo único que ha puesto siquiera mínimamente en riesgo la tramitación, pero las diferencias han podido ser superadas y la semana que viene habrá presupuestos, siempre con el permiso de los inscritos de la formación morada.

Los grupos que apoyan al Gobierno (PSOE y CHA), junto a Podemos e IU, dieron su voto favorable inicial al proyecto de presupuestos el 15 de enero, con lo que quedó fijado un gasto no financiero de 5.303,6 millones de euros (un 4,9 por ciento más que en 2017).

En el trámite de enmiendas se comprobó que ocho de ellas suponían minoración de ingresos, y en concreto una de Podemos, que reclamaba la suspensión del cobro del ICA hasta la anunciada reforma del impuesto.

El Gobierno de Aragón mostró su disconformidad a tramitar estas propuestas de modificación y los letrados de las Cortes le dieron la razón. Podemos aceptó la decisión y finalmente la ponencia no ha admitido estas enmiendas, con lo que la polémica ha quedado diluida.

Los ánimos están mucho más caldeados en la Plaza del Pilar, donde en enero Zaragoza en Común llegó a un acuerdo con PSOE y CHA para la aprobación inicial de unas cuentas que crecen un 4 por ciento hasta los 753 millones de euros.

Pero las diferencias entre los socialistas y ZeC son más profundas que las que separan al PSOE y a Podemos, y más después de la decisión que tomó el 9 de febrero el alcalde, Pedro Santisteve, de modificar los consejos de administración de sus cuatro sociedades públicas para recuperar su control.

La oposición en bloque lamentó el "golpe" del alcalde y le exigió una rectificación que él no asumió. En ese momento el PSOE, y sobre todo CHA, se replantearon su apoyo a los presupuestos, pero finalmente, para no perjudicar a los zaragozanos y en ejercicio de su responsabilidad, según dijeron sus portavoces, parece ser que apoyarán las cuentas en el pleno definitivo que se celebra mañana.

Ante estos pactos "paralelos" el PP viene denunciando desde hace unas semanas que el presidente del Gobierno, Javier Lambán, y el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, están protagonizando un "cambio de cromos" en el que cambian "presupuestos por sillones", según el líder de los populares aragoneses, Luis María Beamonte, para quien el pacto de los grupos de izquierda no merece otro calificativo que "pacto de trileros".