El debate sobre el Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA) amenaza con poner en riesgo la estabilidad de la izquierda en la comunidad. A la discrepancia abierta entre el PSOE y Podemos se van sumando diferentes factores y algunos diputados ya temen que el enfrentamiento sobre la depuración acabe como una enmienda a las políticas impositivas de la DGA. «Corremos el riesgo de poner en peligro la cultura fiscal tan importante para llevar a cabo acciones progresistas», afirmó el presidente Javier Lambán.
El socialista señaló que sacar a la calle a los ciudadanos para protestar contra un impuesto es «una de las cosas más fáciles que se puedan imaginar» y pidió que se deje «de hacer demagogia con la solidaridad» y de decir que los zaragozanos «han pagado su depuradora» y que ahora se les pide un esfuerzo al considerar que no se ajusta a la realidad.
En su argumentación únicamente fue respaldado por el reportavoz de CHA, Gregorio Briz. «Si ponemos en solfa la necesidad de pagar impuestos estamos muertos», afirmó. También consideró un error el tratar de enfrentar al Ayuntamiento de Zaragoza con el resto de Aragón. «La riada del ICA ya llegó a muchos pueblos en el 2002», precisó.
El resto de las formaciones de izquierda consideraron que la reforma «en profundidad» del tributo a la contaminación es una aceptación tácita de que antes se estaban haciendo mal las cosas. «No queremos pagar más por una incompetencia y la posible corrupción que puede haber detrás de los planes de depuración», incidió el secretario general de Podemos, Nacho Escartín.
Este partido ha impulsado una investigación parlamentaria para dirimir las responsabilidades políticas que puedan derivarse de los proyectos fallidos. «No queremos mirar para otro lado ante un impuesto oscuro e injusto», afirmó.
En la misma línea se mostró la diputada Patricia Luquin (IU). «Es evidente que el ICA tal y como está planteado en la actualidad es profundamente injusto», aseveró. Y en medio de la reflexión sobre los impuestos verdes recordó la necesidad de «voluntad política» para abrir el debate sobre los tributos suspendidos a las estaciones de esquí.
DIVISIÓN
La bancada del centro derecha también se mostró dividida a la hora de analizar las consecuencias del ICA y sus posibles soluciones. «Sus socios no buscan el interés general pues están pensando en lograr réditos electorales», le dijo el presidente del PP, Luis María Beamonte, al responsable de la DGA.
La diputada Susana Gaspar (Ciudadanos) señaló que el impuesto está «mal planteado, mal explicado y genera confusión». Para Arturo Aliaga (PAR) es necesario abordar «las controversias» derivadas de un plan de saneamiento del que consideró que se hizo «pensando que era el mejor».
Por el momento, las consecuencias del ICA se están analizando en una mesa técnica amparada por la consejería de Desarrollo Rural en la que participan desde ayuntamientos a empresarios relacionados con la depuración. También se ha puesto en marcha la investigación parlamentaria de los contratos generados en esta materia a partir del año 2001.
