--¿Estamos en un momento de regresión ambiental?

--Sanz Larruga: La sensación es que la crisis ha provocado que se relajen al máximo las exigencias ambientales para salir de ella. Tenemos leyes sensibles porque tenemos un marco jurídico europeo que no podemos eludir, pero cada país mantiene el listón al límite de lo permitido por Europa.

--¿Es España muy incumplidora con las directivas? Ha sido sancionada por el retraso en los planes de cuenca...

--S. L.: Es una constante de los países del sur, que son más incumplidores, aunque la gran Alemania también lo es. En la política hidrológica ha habido un retraso grande, pero es achacable a la complejidad de la elaboración de los planes. La normativa europea era complicada, aunque no lo digo como excusa. El resultado es bueno. Llegó tarde pero se hizo bien.

-- José Manuel Marraco: En el 82 ya se trataba de conciliar el desarrollo con el medio ambiente. 30 años después, la crisis económica prima y se relaja la normativa en vez de apostar por un modelo ambiental que también genera empleos.

--¿Qué les parece que se mantenga la nuclear de Garoña?

--J. M. M: Debemos estar preocupados. Es insólito que en lugar de plantear su desmantelamiento se piense en prorrogar s vida cuando tiene 43 años de vida y una tecnología obsoleta parecida a la de Fukushima, de triste recuerdo.

--S. L.: Las centrales tienen un tiempo de vida. Mantener Garoña tiene un alto costo.

--¿Cuál es su punto de vista respecto al fracking?

--J. M. M.: Totalmente contrario, porque es una práctica muy arriesgada que pone en jaque muchas cosas. Solo por los seísmos y la contaminación de acuíferos que provoca, es suficiente como para oponerse.

--S. L.: Sea ahora o más adelante, tendremos que explotar la fractura hidráulica. España tiene pocos recursos. Pero hay que hacerlo en condiciones y faltan estudios para saber si tiene riesgos. De momento sabemos que tiene consecuencias. Hay que respetar el principio de precaución, pero algún día habrá que explotarlo.

--J. M. M.: Tengo claro que los riesgos para el Medio Ambiente son mayores que los beneficios, que además serán para las empresas que lo explotarán. El Medio Ambiente no tiene voz, y alguien tiene que dársela.

--¿Por qué Europa no da unas directrices comunes?

--S. L.:No se ha atrevido, cuando sí lo ha hecho para las extracciones en el mar. Posiblemente han podido más las presiones de los grandes grupos.

--J. M. M: Y en España el Constitucional suspende leyes autonómicas que paralizan el fracking, como en Cantabria.

--S. L.: Para mí eran leyes voluntaristas, porque jurídicamente está claro que las competencias son del Estado. Las primeras leyes que se han hecho para frenar el fracking, aunque nos gusten, son ilegales porque chocan con títulos estatales. Pero hay que convencer al Estado de que las extracciones se hacen en lugares donde las comunidades tienen competencias, espacios naturales que proteger y son zonas habitadas, por lo que hay que tener estudios rigurosos.

--J. M. M.: No solo el Constitucional. La Izquierda Plural ha hecho una propuesta en el Congreso y ni se ha admitido a trámite.

--¿Qué les parece que la CHE reclame a las eléctricas la reserva de energía para utilidad social y para los regantes por los derechos de concesión?

--S. L.: Me parece una cuestión muy interesante. Que las empresas que se benefician de un recurso común aporten parte de sus beneficios en las zonas donde lo explotan. Es algo lógico, que también se está haciendo con las empresas de eólica.

--¿Tienen los ciudadanos acceso a la toma de decisiones y a la participación en cuestiones medioambientales que nos atañen a todos?

--S. L.: La nueva ley de impacto ambiental aprobada por el Gobierno no es muy positiva en este sentido porque restringe el derecho a la participación. Hay reticencia a reconocer la legitimación de los grupos ecologistas, algo que siempre se había reconocido.

--J. M. M.: Hay un claro retroceso. El Gobierno español ratificó el convenio de Aarhus, que permite el acceso a la información y la participación pública. Pero es una oportunidad histórica perdida. A lo que también ha contribuido la nefasta acción del Ministerio de Justicia, con las tasas judiciales que limita también el acceso a la Justicia y a la posibilidad de presentar recursos.

--En el apartado punitivo, son partidarios de que las sanciones sean de tipo administrativo o penal?

--S. L.: El límite es complejo y hay una larga discusión en el Derecho. Creo que es mejor que el hecho sancionador sea administrativo y no tirar del Código Penal, salvo en los casos muy graves. Plantea problemas la frontera entre la sanción administrativa y el delito ecológico, pero es deseable que los casos más graves sean delito ecológico y lo normal es que en las sanciones menores se aplique el derecho sancionador administrativo.

--Los impuestos medioambientales, permiten que el que contamine pague o que el que pague pueda contaminar?

--S. L.: El futuro de una reforma ambiental pasa por ahí. Ahora con la crisis nadie se atreve a subir impuestos ambientales, pero ahí está la clave: eliminar impuestos recaudatorios y que sean finalísticos. El futuro pasa por ahí.

--¿Hay suficientes protecciones legales en el Medio Ambiente, o pueden otros intereses?

--S. L.: Es muy complicado ir contra el negocio. Hay medidas de impacto sobre infraestructuras de controversia ambiental, pero temo que al final ganan los intereses económicos.