Nacido en Zaragoza, casado y con dos hijas, este profesor titular de Economía de la Universidad de Zaragoza tomó ayer el testigo de Carlos Sauras como nuevo director de Cáritas Diocesana de Zaragoza, de la que era tesorero y directivo desde el 2012. Colabora desde hace más de dos décadas con organizaciones de discapadad.

--Cáritas trabaja a pleno rendimiento. ¿Es el mejor momento para llegar a su dirección?

--Es un reto. Estoy aquí porque la Iglesia me pide este servicio pero, además, llego con bastante ilusión. Me gustaría conservarla durante los cuatro años de mandato y contagiarla a nuestros más de 1.200 voluntarios y a nuestro centenar de trabajadores. Mi idea es potenciar las parroquias, que es lo que distingue a Cáritas, una red muy extensa que permite atender a las personas en su entorno más próximo.

--¿Viene dispuesto a insuflar nuevos aires a la institución?

--La primera novedad es que hemos creado la Fundación para la Inclusión Social para desarrollar acciones relacionadas con el empleo. En las próximas semanas se pondrá en marcha una empresa de inserción laboral de recogida, clasificación y reparación de ropa para su venta en tiendas de segunda mano, y el reciclaje de la que no vendamos. La tienda de la calle Méndez Núñez quedaría integrada dentro de este proyecto. De momento empezaremos con prudencia, con una nave y esta tienda. La ropa se recogerá en las parroquias. Pero no descartamos más tiendas ni más proyectos de inserción laboral.

--¿Sigue creciendo la pobreza?

--Las crisis ha provocado un aumento de la desigualdad muy importante. En Aragón hay 78.000 personas en situación de pobreza severa, es decir, casi el 6% vive con menos de 334 euros al mes, cuando en el 2008 eran el 2%. Con pobreza relativa (menos del 60% de la renta media) viven 296.000 aragoneses (el 22,5%). Y un 23%, en riesgo de exclusión social, padece nuevos tipos de pobreza: no pueden comer carne o pescado, poner la calefacción, salir de vacaciones... Estos datos son alarmantes.

--Y mientras, la DGA va a endurecer el acceso al Ingreso Aragonés de Inserción (IAI).

--Este es un tema en el que Cáritas lleva tratando de influir desde hace varios meses. No sabemos si se habrán recogido nuestras alegaciones, lo cual nos inquieta. Hemos creado una comisión de voluntarios y técnicos y, cuando conozcamos el proyecto, denunciaremos aquello que creamos que se debería mejorar.

De lo que ya sabemos nos llama la atención que se aumente la exigencia de años empadronado para tener acceso al IAI. Y su propia duración, que se limita a tres años con posibilidad de prolongarlo. Y luego está la demora. Son ayudas para cuestiones básicas y urgentes, pero hay demoras de varios meses, lo cual denunciaremos. A la gente hay que resolverle este tema con rapidez.

Los españoles tienen derecho a que se les garanticen unos mínimos, lo que es una competencia de las comunidades autónomas. De los 78.000 aragoneses que viven en pobreza severa, solo el 7,4%, algo más de 5.000, perciben el IAI. El campo para mejorarlo es muy amplio. Apenas supone el 0,5% del presupuesto de Aragón.

--Cáritas trabaja con las mujeres prostituidas a través de Fogaral. ¿Cómo va a afectar a las usuarias y al trabajo que hacen con ellas la nueva ley del aborto?

--Cáritas es una institución de la Iglesia, con la que comparte su postura respecto al aborto, que es clara. Pero el Papa Francisco nos ha dicho que debemos acoger a las personas que se ven envueltas en la toma de esta decisión. Y es lo que hacemos. Cáritas atiende a estas mujeres de forma integral, pero también a su familia.

--¿Hay algún ámbito de actuación al que Cáritas no llegue y que quisiera atender? ¿O serían los poderes públicos quienes deberían hacerlo?

--Es muy sencillo. A los poderes públicos solamente les pido que cumplan con su deber. Por supuesto que llegamos a donde ellos no llegan, pero la obligación no es de Cáritas, es suya. En los últimos tiempos observamos una dejación de lo público porque saben que hay instituciones privadas que atienden a la gente. Si hemos otorgado un 70% más de ayudas que el año pasado es porque la Administración pública está fallando.