Los jardineros de Zaragoza irán a la huelga en enero. Así lo ha decidido esta mañana la asamblea de trabajadores que exige la firma de un nuevo convenio y el mantenimiento de las clausulas sociales, laborales y medioambientales que introdujo el anterior Gobierno de Zaragoza en Común en unos pliegos de condiciones que han acabado en la trituradora, a decisión del actual equipo PP-Cs. Un total de 165 personas han votado a favor de iniciar los paros a partir del 20 de enero, frente a los 18 noes registrados y 18 papeletas en blanco, además de otra nula.
Esta será la primera huelga a la que se enfrenta Jorge Azcón como alcalde, que tiene por delante la misión de elaborar unos nuevos pliegos “en tiempo récord” (como el mismo dijo) para evitar que esta situación siga siendo una sangría para las arcas públicas, ya que el contrato con la empresa que se encarga del mantenimiento de las zonas verdes, FCC, caducó el 31 de enero del 2017, lo que le supone un coste extra al ayuntamiento de 300.000 euros mensuales, unos 8 millones en total.
El comité de empresa tomó la decisión de convocar una huelga indefinida a principios de mes, cuando el Gobierno de la ciudad optó por declarar desierto el concurso para el mantenimiento de los parques. Lo hizo después de que el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa) anulase la adjudicación a Acciona, tras el recurso presentado por Perica en el que legaba que las ofertas de las compañías seleccionadas no se ajustaban a lo establecido en los pliegos y exigía la anulación de la adjudicación y la nulidad del proceso, además de solicitar que se excluyera al resto de licitadoras, de manera que pasaría a ser automáticamente la adjudicataria. También lo hicieron FCC y Valoriza, pero el Tacpa no admitió sus recursos.
RECURSOS
En consecuencia, Perica se convertía de forma automática en la adjudicataria, y eso que fue la que peor valoración obtuvo de las nueves empresas que se presentaron al concurso. Ante este hecho, el consistorio declaró desierto el concurso despertando el miedo entre los trabajadores, que temen que los nuevos pliegos de condiciones no respeten las cláusulas sociales que introdujo ZeC. Desde el comité explican que esta convocatoria surge con la intención de “defender firmemente” el mantenimiento de estas cláusulas en la próxima licitación y “recuperar” el poder adquisitivo de los trabajadores. Además, los empleados rechazan la posibilidad de que se divida en lotes.
Será algo que decidirá el Gobierno municipal, que en alguna ocasión se ha mostrado a favor de esta división, e incluso de que una empresa externa se encargue de la elaboración de los pliegos. Mientras, y en previsión de que el proceso de licitación se va a alargar durante otro año más, la concejala de Servicios Públicos, Natalia Chueca, tiene intención de negociar con la multinacional para tratar de abaratar los costes extra.
