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ENTREVISTA

Javier Araúz: «Hay funcionarios públicos que se jubilan siendo interinos»

El abogado que defiende los intereses de estos profesionales ha dado una charla esta tarde en Zaragoza

 

Araúz, este martes, en la Facultad de Geología de Zaragoza. - NURIA SOLER

A. LAHOZ
29/10/2019

El abogado Javier Araúz, que ha llevado las reivindicaciones de 800.000 interinos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ha ofrecido este martes una charla en la Facultad de Geología de la Universidad de Zaragoza organizada por el sindicato STEPA.

—¿Están los interinos hoy más cerca de conseguir su plaza fija?
—El cambio ante el que nos enfrentamos es abismal. La abogada general de la Unión Europea ya se ha pronunciado a favor y, aunque su decisión no es vinculante, hemos dado un paso de gigante. Antes lo que ocurría es que no había reconocimiento de los abusos producidos a los interinos y estábamos instalados en un sistema de libre despido y gratuito. Tras dicho informe, lo que se dice ahora es que hay transformar su situación laboral temporal a fija o, en caso contrario, se llevará a cabo una indemnización completa a las Administraciones que podría ir acompañada de otras sanciones adicionales.

—¿Es optimista entonces ante la sentencia definitiva que se espera del TJUE sobre este tema?
—Sí, lo soy. Estamos en el tramo final tras varios años de lucha y de pelearnos en muchos ayuntamientos de España y gobiernos autonómicos. La sentencia, que la esperamos para finales de diciembre o ya primeros de años, será definitiva y arrojará mucha luz sobre la barbaridad que se está cometiendo en España con estos empleados públicos que no se lo merecen. El objetivo final es que la relación temporal de los interinos pase a ser fija.

—En datos, ¿cuál es ese abuso de temporalidad que sufren?
—En Aragón hay un 35% de temporalidad entre el funcionariado, pero hay servicios donde es del 100%. Hay interinos que llevan 35 años consecutivos trabajando de forma continuada en la Administración y algunos de ellos se jubilan siendo interinos. Esa situación va acompañada de un régimen de discriminaciones como cobrar menos que los fijos, no poder pedir excedencias voluntarias, cambiar de plaza, ascender o promocionarse. Si esto lo hiciera el sector privado, probablemente el consejo de administración de muchas empresas estaría imputado por delitos contra los trabajadores. Sin embargo, lo hacen las Administraciones Públicas con descaro y arbitrariedad.

—En Aragón, de 56.045 empleados públicos hay unos 26.800 que son temporales. La DGA se ha comprometido a reducir la tasa de temporalidad al 8% en tres años. ¿Lo ve viable?
—Sería muy sencillo hacerlo porque, simplemente, deben transformar a los interinos temporales en fijos. Y, así, todas las plazas vacantes sería ocupadas de golpe. Al mismo tiempo se debería cumplir la ley y convocar ofertas públicas de empleo cada año o, como mucho, un año después. Es un disparate que se les obligue a superar una oposición para lograr una plaza cuando igual llevan 20 años ejerciendo su puesto, pero el problema es que nadie les acredita sus méritos y su capacidad. España está a la cola.

—¿Hay más afectados en un sector que en otro?
—Realmente son todos. En Justicia, por ejemplo, son un 40%, mientras que un 50% son del sector sanitario. En algunos ayuntamientos nos hemos llegado a encontrar hasta un 80% de plantillas formados por interinos. Es un jardín donde se ha hecho lo que se ha querido y se infringido la norma sin respetar los derechos. Ya va siendo hora de que las cosas se pongan en su sitio.