La noticia saltó por la mañana, pero la polémica perdurará durante días. El jefe de la unidad de cuidados intensivos del hospital Obispo Polanco de Teruel, el doctor José María Montón, aseguró ayer en una entrevista en Aragón TV que en «Teruel también tiene gente que se ha colado» en el proceso de vacunación. «Hay unidades en las que aún no ha llegado la vacuna, y por otro lado, gente que no se tenía que haber vacunado y ya lo ha hecho», aseguró. Según sus palabras, se trataría de «administrativos que no están con pacientes covid, algún sindicalista que no están con covid, y sin embargo hay servicios de oncohematología que no están vacunados ni tan siquiera con la primera dosis».

Las palabras obtuvieron una rápida respuesta por parte de la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, que, visiblemente molesta, le restó credibilidad y aseguró que el proceso de vacunación se está llevando a cabo sin fallos relevantes.

Pero después de los escándalos por consejeros, funcionarios, generales y hasta obispos que se han colado para recibr la vacuna contra el covid-19 antes de que les tocase según la definición de los grupos prioritarios, las declaraciones del facultativo turolense sobre «errores o pillería» también dentro del sector sanitario, volvieron a avivar la polémica. Después de conocer la reacción de la consejera Repollés, el doctor Montón aseguró a EL PERIÓDICO que su intención no era «denunciar al Salud ni señalar a nadie», pero aseguró que esta información era algo que «ya se sabía en Teruel» y enmarcaba sus declaraciones como «un comentario de alguien a quien le ha llamado mucho la atención y le ha molestado que haya administrativos que se han vacunado mientras personal que está en contacto con enfermos covid aún no lo ha hecho».

La consejera Repollés llegó a calificar las declaraciones del jefe de la uci turolense de «gratuitas», y afirmó que «hay que demostrarlas y hay que tener una base cuando haces estas afirmaciones». Montón afirmó que él «no va a testificar nada ni a investigar más», e incidió en que ha podido haber «casos sueltos» de personas que se han vacunado «antes de que les tocara», supuestamente, para aprovechar las dosis que quedaban en los viales abiertos. «No quiero denunciar a nadie, pero me molesta que haya personas que hayan pasado por delante de personal de primera línea. No sé si es pillería o si es que las listas estaban mal hechas», insistió.

Si bien, el responsable de cuidados intensivos aseguró que en el hospital Obispo Polanco «no conozco nada que se haya hecho mal respecto al proceso de vacunación». Los casos que mencionó, explicó después, se corresponderían con las dosis sobrantes de las suministradas en las residencias de mayores y en Atención Primaria. «Creo que en general el protocolo funciona, pero piensas, qué pena que no hayan llegado más de estas dosis al hospital», afirmó. «Es algo que no entiendo. Si ha habido un error o mala intención no lo voy a juzgar», concluyó.

La consejera de Sanidad insistió en que dentro del grupo prioritario se encuentran también profesionales «que son personal no sanitario pero que prestan su servicio en unidades donde se atienden a enfermos covid». Y aseguró que las vacunas llegarán a «todos» los profesionales antes o después.

La polémica no hace sino constatar las dificultades que entraña el proceso de inmunización y que en última instancia depende de los profesionales encargados de inyectar los fármacos. Si sobran dosis, son ellos los que deben establecer en el momento a quién se vacuna aunque no estuviera programado para no desperdiciar los excedentes. La orden de Sanidad es que se aprovechen al máximo los recursos aunque siguiendo siempre el orden marcado por el Ministerio en cuanto a la priorización. «Confiamos en ellos», dijo la consejera, que afirmó que no es cuestión de «entrar en los listados y empezar una caza de brujas». Todas las personas vacunadas, estuvieran o no previstas, se registran y recibirán la segunda dosis, explicó también Repollés.

Entre los sindicatos y colegios consultados por este diario, solo CSIF dio credibilidad a las declaraciones de Montón puesto que en la organización también tienen constancia de que algunas dosis sobrantes se están destinando a personal de los hospitales que no tiene contacto directo con pacientes. Por ello, desde el sindicato reclaman que se elabore una lista de «reserva» con los profesionales que tienen contacto directo con pacientes, para que se les pueda llamar en el caso de contar con dosis sobrantes.

Por su parte, la consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, aseguró que entiende que si se tiene la constancia de que se está haciendo un mal uso de la vacuna se denuncie.

«Hay que evitar emitir juicios sumarísimos»

El protocolo sobre la priorización de unos sectores de población en el proceso de vacunación lo marca un grupo de trabajo constituido por profesionales de distintos ámbitos (desde médicos hasta sociólogos y expertos en bioética) y que depende del Ministerio de Sanidad. En él se establecen las pautas y los grupos que hay que ir inmunizando conforme llegan vacunas a España. En Aragón, diferentes organizaciones, como el Colegio de Enfermería, o los sindicatos Cemsatse, Satse y Fasamet, que agrupa médicos de la atención primaria, aseguran que el protocolo se está cumpliendo y que está claro, por lo que le quitan importancia a las palabras del jefe de la uci del hospital Obispo Polanco de Teruel. En opinión de sus portavoces, estas declaraciones no hacen sino que crear confusión sobre un proceso que se está llevando a cabo de manera exitosa y que tiene como fin último proteger a la población contra el covid.

Por otra parte, el presidente del Comité de Bioética de Aragón, Rogelio Altisent, explica que si se han producido irregularidades se deben señalar para que caiga sobre los culpables «todo el peso de la ética y de la ley» pero señala que hay que conocer cada caso particular a fondo antes de emitir «juicios sumarísimos» puesto que pueden darse casos no previstos en los que la vacunación esté justificada por las circunstancias.

Una vacuna muy delicada

Desde que comenzó el proceso de vacunación, las autoridades advirtieron de la complejidad logística del plan, puesto que las vacunas de Pfizer, las más habituales en España, tienen que ser tratadas con mucho cuidado. El fármaco viene en unos viales que contienen cinco o seis dosis, dependiendo del tipo de jeringa que se utilice, y una vez reconstituidos estos botecitos (abiertos, mezclados y preparados para su uso)solo se pueden utilizar en un rango de dos horas y, además, no se pueden transportar, por lo que si sobran dosis se tienen que utilizar en el mismo sitio y en un corto periodo de tiempo. Esta situación es la que está provocando cierto caos a la hora de vacunar a personas que no se habían previsto y se hace para no desperdiciar dosis, que es la orden que se dio desde la consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón. Desde el departamento se han puesto en contacto con Pfizer para que constate si es cierto que los viales ya reconstituidos no se pueden trasladar, y según explicó ayer el director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, ya existen algunos estudios que corroboran que el fármaco no pierde eficacia aunque se transporte una vez abierto, lo que en parte solucionaría el problema.