El ex consejero delegado de la sociedad pública Zaragoza Alta Velocidad (ZAV), José Luis Abad, cree "absurdas" las "apreciaciones" sobre el consejo de administración de Plaza (2008-2009) del titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza, que ha imputado a diez de sus miembros.

Abad ha sido uno de los cuatro imputados que ha declarado hoy en el Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza que investiga el desarrollo de las obras del apartadero ferroviario en esta plataforma, quienes han estado ante el juez alrededor de tres horas y que prácticamente no han querido hacer declaraciones a la prensa, salvo alguna frase suelta que han comentado.

Diez antiguos consejeros de Plaza entre 2008 y 2009 han sido imputados por el juez por presunta prevaricación administrativa por las obras del apartadero ferroviario de esta infraestructura y los movimientos de tierras para la ampliación de Plaza.

Las imputaciones se han realizado de forma previa a un informe del Tribunal de Cuentas, que archiva este asunto al no apreciar ningún perjuicio para las arcas autonómicas en la licitación y posterior adjudicación por procedimiento negociado de estas obras.

Tras declarar ante el juez, el exconsejero de Zaragoza Alta Velocidad ha sido preguntado por las acusaciones que hace el juez a los miembros del consejo de administración, en el sentido de que "no habían hecho lo suficiente" para evitar estas contrataciones, y ha respondido que eso "son apreciaciones absurdas".

Además, ha declarado ante el juez el exviceconsejero de Obras Públicas del Gobierno de Aragón, Carlos Esco, quien ha asegurado estar "muy tranquilo", así como los exconsejeros del Gobierno de Aragón, Alberto Larraz y María Teresa Verde, quien ha dicho que todo ha ido "muy bien".

Las diligencias previas se abrieron en virtud de dos denuncias interpuestas por el Ministerio Fiscal relativas a dos expedientes de contratación de la empresa pública, una por "movimiento de tierras en la zona de reserva de futuros crecimientos de la plataforma logística" y otro sobre la "redacción y ejecución del apartadero ferroviario de Plaza".

Aunque el auto dice que los miembros del Consejo pudieron actuar "condicionados" por la información que les ofreció el que fuera gerente de Plaza, Ricardo García Becerril, el juez apunta que "pudieron votar en un sentido diferente" al que lo hicieron.

Por este motivo, entiende que la toma de decisión "puede ser constitutiva de un delito de prevaricación".

Entre el 15 y 17 de julio declararán, también como imputados, el vicealcalde de Zaragoza, Fernando Gimeno, y las concejalas de este mismo ayuntamiento Carmen Dueso e Isabel López.

El empresario Fernando Casasnovas; José Luis Rodrigo, que fue representante de Ibercaja en el consejo de administración, y Agustín García Inda, secretario general técnico de Educación, también declararán como imputados.

Además el juez ha dado traslado al Tribunal Superior de Justicia de Aragón de estas actuaciones que afectan al consejero de Economía y Empleo, Francisco Bono, así como a los diputados autonómicos Alfredo Boné, del PAR, y al socialista Alfonso Vicente Barba, quienes por entonces también formaban parte del Consejo.

También han declarado esta mañana, en calidad de testigos, Pilar Lidón, Ignacio Sarriá y José Manuel García-Figueras.