Constantin M. y Elena Y. L., permanecen en la cárcel de Zuera, después de que el Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Aragón les arrestara por maltratar a la hija natural de esta mujer, que tan solo tiene 4 años. Mientras ella trata de sobrevivir, el joven de 31 años admitió que le dio «un golpe» y se excusó con que en ese momento «iba bajo los efectos de la marihuana» que había consumido previamente.

Así lo aseguró Constantin M. ante la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza que ayer le tomó declaración como supuesto autor de un delito de lesiones graves y otro de violencia doméstica. Según pudo saber EL PERIÓDICO, este hombre relató que ambos estaban durmiendo cuando la niña se despertó llorando, momento en el que él reaccionó golpeándola. Fue a primera hora de la madrugada.

Una confesión que ratificó Elena Y. L., de 35 años, asistida por el abogado Isidro Villanova, quien admitió, con profunda tristeza, ante la magistrada que no se lo dijo a la Policía por miedo a Constantin M., ya que maltrataba a ambas. Reconoció que en un primer momento mintió ante el Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Aragón porque les dijo que se le había caído durante la hora del baño, si bien Constantin M. había dicho que se había dado un golpe contra una mesa del salón.

Los hechos, tal y como comunicó ayer la Jefatura Superior de Policía de Aragón en un comunicado, tuvieron lugar el pasado sábado cuando la sala del 091 recibió una llamada de la madre en la que afirmaba que la niña estaba inconsciente y que necesitaban ayuda. Cuando los agentes les tomaron declaración y hablaron con los sanitarios que realizaron la intervención quirúrgica de urgencia, concluyeron que había sospechas de maltrato y pidieron la intervención de Homicidios.

AYUDAS CUESTIONADAS

Constantin M. tiene antecedentes por maltrato a una pareja anterior y a Elena Y. L. le retiraron en el año 2010 la custodia de su dos hijos, de 11 y 8 años. Fue por una cuestión de desamparo.

En la actualidad, ambos residían en el número 2 de la calle José Zamoray. Aunque la mujer refirió una situación de maltrato tanto a ella como a su hija ante la jueza, los servicios sociales del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Zaragoza supieron darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. De hecho, según fuentes de su entorno, recibía una ayuda social para el alquiler de su vivienda, así como para su día a día, puesto que ella no trabajaba.

En relación a la retirada de sus dos hijos, el Departamento de Ciudadanía y Servicios Sociales del Ejecutivo autonómico mantiene, todavía, sin resolver el expediente para determinar cuál es el futuro de estos niños.

La detención de esta pareja no extrañó a sus vecinos, quienes coincidieron en que esa «casa era un infierno». «Escuchabas mañana, tarde y noche gritos a la niña o veías que le daban empujones para que saliera del portal», destacó una mujer, quien apuntó que «verla llorar era lo más habitual». «La relación con la comunidad tampoco era buena, sorprendentemente, a pesar de que su novio era rumano no hacía más que gritar a todos los que son rumanos del edificio», afirmó otro vecino. «No usaba el ascensor para no coincidir con nosotros, yo una vez le dije que así no se trataba a una hija y me tuve que echar a correr», apostilló otro. Algunos habían llegado a llamar en alguna ocasión a la Policía.