Los jueces aragoneses acordaron 106 órdenes de protección a las víctimas de violencia doméstica durante el 2003 desde que entró en vigor la ley que les facultaba para estas medidas el 1 de agosto. Según un informe del Conejo General del Poder Judicial (CGPJ), otras 24 solicitudes fueron rechazadas en este periodo.

Por otra parte, la Unidad de Protección y Atención a las Víctimas de Malos Tratos de la Policía de Zaragoza, que empezó a funcionar después del verano, custodia en la actualidad a más de 70 mujeres que se sienten amenazadas por sus exparejas. La unidad, integrada por agentes en segunda actividad, contaba inicialmente con 14 plazas, pero sólo se han cubierto la mitad, por lo que cada policía está a cargo de la protección de una media de diez mujeres.

Según el citado informe del Poder Judicial, las medidas de protección judicial dieron lugar a cinco decretos de ingreso en prisión, 88 órdenes de alejamiento familiar, 63 prohibiciones a los agresores de comunicarse con las víctimas y otras 28 de regresar al lugar donde residen éstas, además de otras disposiciones de carácter civil relativas a las relaciones con los hijos, pensiones alimenticias, vivienda y otras.

Por provincias, el mayor número de órdenes de protección fueron acordadas por los juzgados de Zaragoza, con 77, seguidos de los de Huesca (23) y Teruel (6).

MUJERES AMENAZADAS En el ámbito nacional se solicitaron en esos cinco meses 7.869 medidas de protección, de las que fueron acordadas 6.004, un 76%. La mayoría de las peticiones presentadas fueron de mujeres que se sentían amenazadas, un total de 7.530. Asimismo, 339 hombres se acogieron también a la protección judicial. La mayoría de los solicitantes son de nacionalidad española, con un 83,3% del total, mientras que los de otras nacionalidades alcanzaron el 16,7%.

Casi la mitad de las personas que pidieron la protección judicial tenían una relación conyugal con los agresores, hecho que se produjo en 3.864 asuntos, mientras que en otros 902 las parejas estaban separadas legalmente o de hecho. En el resto de los casos, 1.364 solicitantes mantenían relaciones afectivas con sus agresores y 590 las habían mantenido con anterioridad, aunque en el momento de producirse los hechos estaban ya rotas.

La aplicación de la Ley de Protección Judicial a las Víctimas de Violencia Doméstica supuso un notable esfuerzo por parte de jueces, policías y los distintos servicios sociales de las instituciones, ya que trata de acelerar la puesta en marcha de medidas efectivas de protección a quienes sufren malos tratos. En este sentido, una de cada cinco órdenes se aplicó en menos de 24 horas y más del 80% en un plazo inferior a una semana.

El funcionamiento de la citada unidad especial de la Policía ha permitido incrementar en cumplimiento efectivo de las medidas decretadas por los jueces, especialmente a las que tienen carácter penal de alejamiento.