Por norma general, los jueces consultados no están de acuerdo con esta nueva imposición de plazos, pero algunos incluso señalan que podría generar nuevas controversias. De esa opinión es el magistrado Alfonso Ballestín, que señala que la propuesta, de aplicarse, "va a añadir un problema más porque cuando se acabe hasta la ampliación del plazo de 18 meses aparecerá el peligro de cerrar causas en falso". En la misma línea, el juez instructor Eduardo López señala que la medida generará "bolsas de impunidad", al tener que archivar procedimientos no por falta de indicios, sino por falta de tiempo para comprobarlos. "Quieren trasladar una responsabilidad política, como es la de dotar de medios a la Administración de Justicia, a quienes ya estamos trabajando en condiciones precarias", señala, recordando además que la medida llega en periodo preelectoral.