Los jueces decanos españoles concluyeron su vigesimoséptima reunión anual, celebrada en Bilbao, con una renovada crítica a su órgano de Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial. Si habitual es que se pronuncien contra la «apariencia de politización» del órgano, por la elección de su presidente y algunos de sus integrantes -en lugar del sufragio entre el gremio, que proponen-, este año dedicaron una gran parte del documento de conclusiones a criticar la desorganización de su órgano rector en las sustituciones.

El problema parte de la constatación, un año más, de que la ratio de jueces en España es prácticamente la mitad de la media europea (12,2 por cada 100.000 habitantes, frente a 21), y por otro lado de la saturación de los juzgados, particularmente en algunos órdenes como lo civil. Un nivel de trabajo, además, que el Poder Judicial se niega a constatar al no fijar las ratios de asuntos por juzgado que marcan lo «saludable», en sentido estricto, como también critican los jueces decanos.

Esta falta de plantilla que ni el Consejo ni el Ministerio de Justicia (que sería en realidad quien los sufragara) solucionan, provoca que se tenga que funcionar a base de sustituciones de compañeros, a menudo «ya saturados» en su juzgado.

Recientemente el ministerio anunció la creación de 93 órganos y plazas en España, algo que aplauden, pero que en algunos lugares supondrá que los juzgados cambien de especialidad. Esta necesidad de que los jueces cambien de jurisdicción, que no solo se da en este caso, también la critican por ir en contra de los criterios de especialización que se estaban manteniendo.

Además, los decanos se adhieren a la advertencia de tomar «medidas de presión» que hicieron las asociaciones judiciales en junio, y en una declaración específica apoyan el trabajo de sus compañeros en Cataluña por el Estado de Derecho.