La judicatura y el Gobierno de Aragón celebraron ayer que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, haya decidido mantener la distribución actual de los partidos judiciales. De esta forma, la comunidad autónoma mantendría los 16 que existen actualmente.

Para el juez decano de Zaragoza, Ángel Dolado, esta marcha atrás demuestra "una vez más la errática gestión que está haciendo de la Administración de Justicia". Para Dolado, la "mejor" solución sería "no imponer una ley", sino que cada territorio pudiera diseñar a la carta su distribución de sedes judiciales porque "solo nosotros sabemos cómo es su funcionamiento y las demandas que tenemos". Por ello, entendió que Gallardón lo que debería haber hecho es "escuchar" y hacer pedir estudios de viabilidad a los diferentes ejecutivos regionales.

Aunque valoró este cambio de parecer en el titular de Justicia, Dolado lamentó que "no hace más que ahondar en la confusión existente actualmente en el sector con tantas intenciones de reforma". En este sentido, mantuvo que uno de los problemas de esta idea que tenía el ministro es que "no existía una foto fija de cómo se quería distribuir los juzgados, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo con la instalación de la Nueva Oficina Judicial".

Desde la DGA también se calificó de positiva esta decisión anunciada en Galicia, si bien resaltaron la importancia de que las intenciones se conviertan en hechos.

Desde el Departamento de Justicia que dirige Roberto Bermúdez de Castro, recordaron que el propio consejero mandó una carta al ministro para solicitar que se mantuvieran las actuales sedes judiciales.

Por el momento, todos los partidos judiciales seguirán existiendo, si bien agrupados y dependiendo de tribunales de instancia. En su funcionamiento se introducirán criterios de flexibilidad que, entre otras cosas, permitirán reasignar efectivos en función de las necesidades. Tampoco serán eliminados por completo los juzgados de paz, sino simplemente cambiados de nombre, pues pasarán a llamarse oficinas.

La actual Ley de Demarcación y Planta Judicial data de 1998. El Consejo General del Poder Judicial apostó también por renovarla. Según un estudio que encargó, Aragón debería quedarse con seis partidos judiciales de los 16 de ahora.