Los juzgados de lo Contencioso Administrativo de Zaragoza 1, 3 y 4 de Zaragoza han ratificado hoy las medidas cautelares que acordaron para ordenar al Gobierno aragonés a mantener las aulas que tiene concertadas en los colegios La Anunciata, San Antonio de Padua y María Auxiliadora.
Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, con su decisión los magistrados confirman las medidas cautelarísimas adoptadas con carácter de urgencia en su día a favor de tres de los doce centros que han recurrido el anuncio de la Administración autónoma de reducir las aulas concertadas.
En sus respectivos autos, los jueces, tras valorar las alegaciones de la fiscalía y del ejecutivo regional, ratifican las medidas planteadas y ordenan la inclusión en la oferta educativa impugnada las aulas que estaban concertadas previamente con estos centros privados.
En los fundamentos de derecho de los autos hechos públicos, los magistrados vuelven a reiterar que las medidas se adoptan porque "de no haberse adoptado, se habría impedido el legítimo derecho de los padres o responsables de los menores a la elección de centros que les corresponde".
Elección, admiten los jueces, que podría verse "frustrada", sin embargo, durante el proceso de escolarización, pero no condicionada por el cierre de aulas concertadas.
Añaden estos tribunales que con sus resoluciones sobre el mantenimiento de aulas concertadas "no se ocasiona un grave perjuicio al interés público".
Con esta afirmación, los jueces salen al paso de unas recientes manifestaciones de la consejera de Educación, Mayte Pérez, para afirmar que los autos sobre las aulas concertadas "deslegitiman la autonomía y la competencia del Gobierno en defensa del interés general" y dejan al ejecutivo en una situación de "indefensión absoluta".
