Los juzgados de paz aragoneses tramitaron el año pasado 56.130 asuntos, 33.334 en materia civil y 22.796 de carácter penal, evitando que los ciudadanos tuvieran que desplazarse a capitales del partido judicial a realizar las gestiones y rebajando de paso la saturación, en cadena, de la Administración de Justicia en la comunidad autónoma. Son las cifras que tendrían que asumir jueces de carrera según la reforma que, en aras de la profesionalidad, impulsa el actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.

La cifra, hecha pública esta semana por el Instituto Nacional de Estadística, supone una reducción de un 6% respecto a la del año anterior --cuando alcanzó el récord de 59.694--, pero sigue siendo sensiblemente superior a los 51.990 asuntos que gestionaron los 230 juzgados de paz aragoneses en el 2010. El aumento se ha dejado notar particularmente en la jurisdicción civil --que superó la barrera de los 30.000 asuntos en el 2011--, en apariencia derivada de la crisis económica.

PROFESIONALISMO La justificación para erradicar la figura de los jueces de paz que esgrime Gallardón para plantear la reforma es la de profesionalizar la justicia, de forma que no se deje en manos de personas sin formación jurídica requerida.

Al tiempo el sistema judicial tiende a fomentar la mediación, que si bien se basa también en la necesaria formación del árbitro, se rige por el mismo principio de evitar que los asuntos de escasa entidad tengan que ser dirimidos en un juzgado ordinario. Las dificultades de la profesionalización se ven también en otros ámbitos como el voluntariado sanitario, que también se ve amenazado por la normativa en ciernes, que exige títulos cuya obtención desborda el presupuesto de las oenegés.

Las Cortes de Aragón ya mostraron, el pasado 25 de mayo, su oposición a la desaparición de los jueces de paz, como a otras medidas gubernativas que pretenden modificar los partidos judiciales en la comunidad, e incluso eliminar las audiencias provinciales, que pasarían a ser tribunales de instancia para toda la provincia. Sostienen que el ahorro que mueve estas modificaciones no compensaría con el alejamiento de la justicia que supondrían para los residentes en muchos municipios.