La junta de portavoces del Ayuntamiento de Zaragoza se convirtió ayer en el infructuoso último intento de la oposición por conseguir que el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) impidiera la charla de hoy de los exgrapos Carmen López Anguita Juan Manuel Olarieta en el centro social comunitario Luis Buñuel. Horas antes ya había adelantado el alcalde, Pedro Santisteve, que no lo haría porque opina que el consistorio «en ningún momento tiene que actuar de censor».

Veinte años de cárcel por el atentado de la cafetería California de Madrid en 1979, con nueve muertos a las espaldas de López Anguita, y las reiteradas detenciones de Olarieta por enaltecer el terrorismo no son motivos para él para prohibir una conferencia de ambos en un centro municipal. «Hoy no hay nada que decir», añadió, al tiempo que instaba al PP a dejar «de politizar y judicializar la política o cualquier actividad que se celebre en esta ciudad».

Aludió a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) de febrero sobre una charla que convocó la asociación Mayores indignados en septiembre del 2017 en el centro cívico de Delicias sobre el derecho a decidir del pueblo catalán con ocasión del referéndum ilegal del 1 de octubre. Entonces el PP también solicitó la suspensión y el juzgado lo aceptó. Pero al recurrir ese fallo, el TSJA luego lo rebatió amparándose en la libertad de expresión y reunión por la que ahora él se opone a intervenir.

Pero parece ajeno a lo que en la junta de portavoces se puso de manifiesto. El Luis Buñuel se la juega de verdad. Cualquier incidente, apología del terrorismo o intervención judicial puede acabar llevándose por delante un centro que, como él bien sabe porque impulsó su autogestión comunitaria desde dentro, ni se dedica solo a eso ni son estas actividades lo que más vida le dan al barrio. Un riesgo que, por supuesto, él no controla y que todos los partidos le advirtieron. Además del daño moral que eso puede causar a los familiares y amigos de las víctimas que el GRAPO dejó tras de sí en Zaragoza y Aragón.

PP, PSOE, Ciudadanos (Cs) y CHA le instaron a prohibirlo, como administración que tutela el edificio. El conservador Jorge Azcón remarcó que el reglamento de Participación prohíbe cualquier actividad que atente contra los derechos fundamentales a la vez que mostró cómo en la cesión firmada, las entidades que gestionan el centro se comprometían a cumplir eso y que no hacerlo es motivo para rescindir el acuerdo.

El socialista Carlos Pérez Anadón le envió una carta, en la que pedía la suspensión «por la situación que se podría generar» y por ver «inaceptable» que la «terrorista» López Anguita «se presente como expresa política». Sara Fernández, de Cs, también le anunció que habría que revisar esa cesión, para blindar aún más la potestad de tutela y poder intervenir en casos como este. Y el nacionalista Carmelo Asensio, consideró que «una mujer que lo que ha hecho es mostrar comportamientos tan fascistas como es no respetar la vida no puede dar charlas de nada», y lamentó que se entremezcle esto «con la ingente actividad que el Luis Buñuel hace y que podría empañarse.