La juez Teresa Palacios ha abierto la investigación sobre el accidente del Yak-42, que costó la vida a 62 militares en mayo del 2003, y sobre los errores de identificación en 30 autopsias. La magistrada ha pedido información sobre estos extremos al Ministerio de Defensa y a Turquía. Estas son las primeras diligencias que abre la juez después de que los magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le ordenaran, el pasado mes de julio, admitir a trámite las querellas presentadas por los familiares contra exaltos cargos de Defensa y mandos militares.
Previamente, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, había ordenado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que apoyara la investigación reclamada por los familias de las víctimas. Hasta ese momento, el fiscal jefe, Eduardo Fungairiño, se había opuesto a emprender esa investigación.
La magistrada desvela, en una providencia, que ya se han personado en el sumario los generales Antonio Beltrán y Carlos Navarro, que firmaron las autopsias de los fallecidos, y el exsecretario de Estado de Defensa Fernando Díez Moreno, que ha reclamado el archivo del proceso. Petición que ha sido denegada por la juez.
Sin embargo, esas personas no declararán hasta que Defensa remita el informe que redactó en diciembre del 2003 sobre el siniestro del avión. En ese documento, elaborado por el coronel auditor Ricardo Fortún, se admitía la existencia de quejas de mandos militares antes del accidente, ya que consideraban que el servicio de vuelos de transporte contratado "no se prestaba en las condiciones óptimas" y se recalcaba que a la agencia NAMSA de la OTAN "le correspondía la inspección y control".
INFORMACION DE TURQUIA La juez también ha pedido a Turquía que le remita un informe pericial sobre las causas del accidente áereo, sobre la actuación de los militares españoles en la identificación de los cadáveres y una relación de las personas fallecidas en el siniestro. Asimismo, para la investigación de la identificación de los cadáveres, pide a Defensa los documentos originales de los funcionarios destacados en Turquía, es decir, de los denunciados Vicente Carlos Navarro y Antonio Beltrán Doña.
Palacios investigará, por separado, las circunstancias que rodearon la contratación del avión siniestrado y los errores en la identificación de los cadáveres.
La Audiencia Nacional precisó que la investigación debería ceñirse a determinar "la responsabilidad penal en que hayan podido incurrir determinadas personas de nacionalidad española (...) por supuesta dejación de sus obligaciones en el control de la contratación y modo de transporte" y a comprobar si las certificaciones de defunción emitidas pudieran constituir delitos de falsedad y prevaricación. Sin embargo, no se podrá trabajar sobre cómo se produjo el accidente aéreo, debido a que las autoridades turcas, competentes por el llamado principio de territorialidad, ya han abierto una investigación sobre ese extremo.
El Ministerio de Defensa contestó ayer a la petición de la juez asegurando que mantendrá su colaboración con los tribunales y la Justicia con el fin de esclarecer el accidente del Yak 42. Defensa aseguró que aún no había recibido la providencia judicial, pero enviará a la Audiencia Nacional los documentos solicitados por Teresa Palacios.
En el ámbito político, el Partido Popular ha cerrado filas en torno al exministro de Defensa Federico Trillo, que se ha negado reiteradamente a dejar su escaño por su gestión en este accidente. Los familiares de las víctimas del accidente han pedido al Congreso de los Diputados que exija su dimisión.
