El cuarto caso Plaza ya está en marcha. El magistrado del Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza, Alfonso Tello, ha activado la investigación de la denuncia que en julio presentó la Fiscalía de la Audiencia Provincial sobre la posible existencia de delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos en dos contratas adjudicadas por la empresa pública en el 2008 y el 2009.
Se trata de la construcción del apartadero ferroviario, asignado a la UTE liderada por Acciona por 8,43 millones de euros, y de la urbanización de la zona de reserva para crecimientos, encargada a la empresa por 7,1.
El juez, el mismo que tramita las diligencias de la operación Minas y que investiga la presunta trama de corrupción en la Oficina Única de Extranjería, ha citado a declarar como testigo a un empleado de Acciona, Francho Chabier Mayayo. Este último fue una de las principales fuentes con las que contó la Fiscalía Anticorrupción en las pesquisas preliminares de la pieza principal de Plaza que instruye el Juzgado número 1.
Tras escuchar a Mayayo, y después de haber chequeado la documentación que la Fiscalía aportó con la denuncia, el magistrado decidirá si cita como imputado a alguien.
COINCIDENCIA Mayayo ha sido citado a declarar el próximo martes a las 9.30 horas, es decir, al mismo tiempo que debe comparecer ante el Juzgado de Instrucción número 5 Carlos Escó, exconsejero delegado de Plaza y exviceconsejero de Obras Públicas de la DGA, como imputado en el caso de los pagarés, en el que investiga el sobreprecio de 14 millones de euros que Codesport facturó por la construcción de unas naves.
El juez también deberá tomar una decisión clave en los primeros pasos de la instrucción. Así, habrá de resolver la petición de acumulación de este asunto a la pieza principal --la del saqueo, que ya acumula 19 encartados-- que le formularon en el mes de noviembre los Servicios Jurídicos de la DGA, y sobre la que todavía no se ha pronunciado.
El Gobierno de Aragón sostiene que se trata de hechos "conexos" con los que investiga el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza, José Ignacio Martínez.
La Fiscalía de Zaragoza presentó en julio una denuncia en la que, tras recibir un informe de la delegación del ministerio público en el Tribunal de Cuentas, solicitaba investigar la contrata para redactar el proyecto y ejecutar la obra del apartadero ferroviario de Plaza, adjudicada por 8,43 millones de euros a la UTE liderada por Acciona. La obra fue licitada en un concurso "negociado y sin publicidad" cuyo pliego de condiciones no especificaba los "aspectos a negociar". Y el informe que basó la adjudicación "carece de fecha, firma e identificación del autor".
El caso de los movimientos de tierras para la zona de reserva de futuros crecimientos es similar. Pese a costar 7,1 millones --acabaron siendo 7,5-- la contrata también fue licitada mediante un procedimiento "negociado y sin publicidad".
