La Audiencia Provincial de Zaragoza ha admitido el recurso interpuesto por doce entidades ciudadanas y sociales que denuncian un posible delito de malversación de caudales públicos por parte del Gobierno de Aragón en su gestión del Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución (CASAR), que agrupaba a los hospitales de Jaca, Tarazona, Ejea, Fraga y a la Mutua MAZ, antes de su disolución en el 2013 para pasar a integrarse en el Salud.

La Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), las asociaciones vecinales de La Jota, La Paz, Las Fuentes, Torrero Venecia y San José, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Aragón (ADSPA), CGT, la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Aragón (CAVA), Izquierda Unida, la Plataforma Contra la Privatización de la Sanidad de Aragón (PCPSA) y Podemos habían presentado una denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 11, pero fue sobreseída, pero la Audiencia «sí aprecia indicios de delito de malversación», indicaron ayer las entidades, por lo que ha requerido un informe al Tribunal de Cuentas tras las advertencias realizadas en el 2016 por la Cámara de Cuentas.

Este organismo advirtió posibles irregularidades en la gestión del consorcio, creado en el 2006, y que acumuló una deuda de 24 millones de euros. «El informe detectó docenas de irregularidad administrativas, en los contratos con puestos de trabajo en plazas que no se corresponden y, sobre todo, falta de transparencia y oscurantismo en la gestión. Lo lógico hubiera sido que el Tribunal de Cuentas hubiera intervenido, pero no lo hizo», indicó José Antonio Fatás, de Podemos.

Los colectivos, que han convocado una concentración el día 26 en la plaza de España de Zaragoza, reclaman «transparencia» a la Administración porque «el Gobierno de Aragón nos ha negado en reiteradas ocasiones las cuentas públicas del CASAR y la Cámara de Cuentas no ha podido acceder a toda la información».