El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Huesca ha anulado la reserva de plazas para militares que la Diputación Provincial de Huesca (DPH) había introducido en la oposición que servía de base para la creación del servicio provincial, y con ello sienta el primer precedente para este tipo de excepciones que se estaban empezando a extender por otras provincias españolas. Era uno de los motivos por los que habían recurrido el Sindicato Profesional de Bomberos de Aragón (SPBA) y CCOO, junto con el número de plazas convocadas, aunque en este último punto la sentencia no les da la razón y mantiene el criterio de la DPH, liberándola además del pago de las costas del proceso.

Según expone el fallo, los sindicatos habían recurrido contra esta reserva de plazas para militares de tropa y marinería que estuviesen en los últimos diez años de servicio, concretamente 4 de las 24 convocadas por oposición libre y 8 de las 34 plazas de oficiales por concurso-oposición. Un tipo de salida laboral que las asociaciones profesionales de las Fuerzas Armadas están reclamando como forma de paliar el problema de la jubilación forzosa a los 45 años.

Por contra, los sindicatos de bomberos consideran que se da intrusismo con este tipo de prácticas, admemás de que la ley no lo ampara, como así lo ha visto también el juez.

Este considera que, en primer término, este tipo de plazas acotadas conculcaría el artículo 23 de la Constitución, sobre la igualdad en el acceso a cargos públicos. Un principio general que puede ser quebrantado si hay normas específicas que así lo amparen, y ello trataron de alegar la DPH y el Ministerio de Defensa, que también era parte en el proceso por lo que se jugaba en él.

Ambas instituciones consideraban que, por un lado, la Ley de Tropa y Marinería marca que los soldados recibirán formación que les permita incorporarse al mercado laboral una vez terminado su servicio activo.

PROFESIONES ACOTADAS

El juez entiende que la obligación de impartir formación u orientación no implica una exclusividad en procesos selectivos. De hecho, apunta, la ley acota los cargos públicos en los que sí se pueden efectuar este tipo de reservas, concretamente a policías locales y autonómicas, la Policía Nacional, la Guardia Civil, o los vigilantes aduaneros. La histórica vinculación de la Policía Local con los Bomberos no es suficiente para ampliar esta prescripción legal, entiende el juez.

También argumentaban ambas entidades que la ley de Presupuestos Generales del Estado del 2018, aún vigente, generalizaba esta posibilidad de la reserva de plazas. Pero lo hacía, recuerda el magistrado, «siempre y cuando vayan destinadas a ámbitos de difícil cobertura». Para la DPH sí lo era, entre otros motivos porque el servicio provincial es nuevo (hasta ahora es comarcal), no hay bolsa de trabajo a la que agarrarse, hay muchas oposiciones similares por España y las pruebas físicas son muy exigentes.

El juez, por contra, considera que, entre otros criterios, el hecho de que haya 1.136 opositores para las 58 plazas de ambas pruebas es prueba suficiente de que no hay tal dificultad de cubrirlas.

El otro motivo del recurso de los sindicatos era que estas 58 plazas estaban lejos de las 108 que incluía la Oferta de Empleo Público inicial de la DPH para el servicio, el año pasado. Sin embargo, la institución provincial alegaba que el número definitivo de plazas que se tengan que cubrir dependerá de los convenios que se puedan establecer con las comarcas que actualmente prestan el servicio, y de cuántos de los bomberos que lo efectúan puedan incorporarse al futuro servicio provincial.

En este sentido, el juez le da la razón, al menos en cuanto a que esta explicación no es contraria a derecho ni a la lógica, excepción que permitiría al juzgado contradecir una decisión potestativa de la Administración.

Así pues, mantiene el número de plazas que decidió la DPH, a expensas de los acuerdos con las comarcas, y solo anula la parte de la oposición que hace referencia a la reserva de plazas.

SIN RECURSOS, A FALTA DE DEFENSA

La Diputación Provincial de Huesca (DPH) confirmó este jueves que, como ya anunció en su día, no recurrirá la sentencia del juzgado oscense. En su momento, pidió a los sindicatos que tampoco lo hicieran, como así confirmaron también este jueves. A falta de saber lo que haga el Ministerio de Defensa, que tendría bastante interés en el asunto como forma de dar salida a uno de sus mayores focos de conflictividad laboral, la oposición podría seguir su curso, tras quedar paralizada a dos días de celebrarse por este recurso judicial. Lo que no hay es fecha fijada para las oposiciones, el primer paso de envergadura para la creación del largamente demandado servicio provincial de bomberos de Huesca.