El titular del Juzgado de Primera Instancia número 9 de Zaragoza aplazó ayer in extremis el desahucio de una familia de cinco miembros de su piso en el Camino de Los Molinos de Zaragoza, declarada en situación de vulnerabilidad por el Gobierno de Aragón. Acabó por admitir a trámite el recurso presentado por el letrado de la familia, Francisco Caballero, interpuesto ante la providencia por la que se fijaba el desalojo para el día de ayer.

La incertidumbre duró más de tres horas, hasta que un agente de Policía se acercó a la vivienda para comunicar la suspensión. El anuncio fue recibido con aplausos por parte de las decenas de activistas de Stop Desahucios que habían acudido al piso para arropar a la familia.

SIN DORMIR

"Estoy muy contenta y más tranquila, llevaba varios días sin dormir, sin descansar", explicaba Marisa, la madre, tras recibir la noticia. Minutos antes había tenido que medicarse por los nervios, mientras su pareja, afectado por una minusvalía auditiva que le incapacitó por vértigos, trataba de descansar. A su hijo de ocho años, su hija de 18 y el bebé de esta los habían enviado con unos conocidos para no presenciar el desalojo.

El Instituto Aragonés de Servicios Sociales cuenta al menos con algo de margen para gestionar el realojo de la familia con un alquiler social, tras haber dictaminado su situación de especial vulnerabilidad.

Con cinco miembros, sin ingresos --dejaron de percibir la renta de inserción este año--, con una deuda de más de 20.000 euros (gran parte fruto de los impuestos de la venta de un piso anterior, con el que sostienen que les estafaron) y con un discapacitado, cumplen los requisitos del convenio que suscribieron el Poder Judicial, la DGA y la federación de municipios para ofrecer facilidades de alojamiento, según explicó Raquel de la Riva, de Stop Desahucios.

Sin embargo, este código de buenas prácticas no es vinculante judicialmente, ni implica que el desahucio de la vivienda tenga que ser paralizado. Como se ha visto en este caso.