El magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza, José Ignacio Martínez, encargado de investigar el caso saqueo, ha pedido ayuda al Gobierno de Aragón ante la "ingente" cantidad de documentación que ha recibido de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

El problema reside, según fuentes consultadas, en que los investigadores han remitido gran volumen de certificaciones, facturas y correos electrónicos que deben ser digitalizados. Esto ha desbordado el trabajo normal de los funcionarios, siendo necesario algún tipo de refuerzo.

Ante este problema, la Dirección General de Justicia de la DGA ha respondido con el envío de dos funcionarios más y dos escáneres que se sumarán a la máquina existente hasta ahora. Todo un cuarto de esta sede judicial se ha habilitado como almacén para guardar estos archivos.

El juez Martínez investiga la supuesta malversación de 80 millones de euros en las obras de urbanización de la Plataforma Logística de Zaragoza, en la que hay 23 imputados, entre los que destacan el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril; el constructor Agapito Iglesias o los directivos de Acciona en Aragón, José María Jordán y Miguel Ángel Bretón.