El magistrado del Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza, Alfonso Tello, ha dado por concluida la investigación del caso Extranjería, en el que hay imputadas catorce personas como presuntas integrantes de una trama que, presuntamente con el apoyo de un funcionario de la Oficina Única de la Subdelegación del Gobierno, se dedicaba a amañar la tramitación de expedientes a cambio de mordidas en dinero y en especie.

Tras el cierre de las diligencias, el juez ha trasladado las diligencias a la Fiscalía para que indique si pide la apertura del juicio oral y formula cargos contra los imputados, solicita la práctica de nuevas pruebas o reclama el sobreseimiento de las actuaciones.

En el primer caso, según explicaron fuentes jurídicas, la causa debería ser enjuiciada por un jurado popular en la Audiencia Provincial de Zaragoza, ya que los cargos por los que están encartados los doce imputados son de su competencia: tráfico de influencias, negiciaciones prohibidas a funcionarios y cohecho.

De llegar a juicio el caso Extranjería, su banquillo sería el más nutrido que se hubiera sentado en Aragón ante un tribunal popular desde la recuperación de esta figura judicial en el año 1995.

No obstante, los interrogatorios efectuados a trece de los imputados, presuntos intermediarios y supuestos beneficiarios de las gestiones de Joaquín P. A., coincidieron en un dato: ninguno de ellos admitió que hubiera hecho tratos con este último para agilizar la tramitación de expedientes, aunque varios dijeron que lo conocían o que habían coincidido con él en alguna ocasión.

Las investigaciones desarrolladas por la Brigada de Información de la Guardia Civil apuntan a que alguno de los beneficiarios llegó a pagar hasta 3.000 euros a los presuntos intermedarios para que estos, a su vez, sobornaran al funcionario con el objetivo de que agilizara sus expedientes o los manipulara. Este, sin embargo, no participó en la tramitación de algunos de los legajos en los que la Guardia Civil centra sus sospechas.