El titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Zaragoza, Luis Fernando Ariste, trata de centrar la investigación (antigua imputación) que mantiene abierta contra el arzobispo de Zaragoza, Vicente Jiménez, por el supuesto espionaje cometido en el seno del Tribunal Interdiocesano de Primera Instancia de Zaragoza. Acaba de citar a declarar al notario que fue testigo del despido de su compañera y denunciante de este asunto, María del Carmen Amador, así como del análisis de su ordenador que fue instado por el prelado, tal y como admitió el mismo durante su declaración ante el instructor.

El declarante, José Manuel M. S., tendrá que responder a las preguntas de las partes y del magistrado en torno a las formas en las que se produjo el volcado de información del ordenador. Y es que la exfedataria interdiocesana mantuvo en su querella que no tuvo opción alguna de revisar el contenido que almacenaba en el terminal y, por tanto, de darse cuenta de que sus conversaciones de Whatsapp se habían copiado de forma involuntaria al cargar la batería de su iPhone a dicho aparato. La exempleada mantiene que fue de forma accidental y que su modelo de teléfono permite esta acción.

Desde el Arzobispado de Zaragoza y, especialmente, el perito informático que realizó dicho análisis, Jorge C. P. (también imputado en este asunto, junto al económo diocesano Ernesto Meléndez), han señalado que el análisis fue «una búsqueda ciega», es decir, que desconocían lo que realmente podría haber en el interior del ordenador. Ahora, el testigo deberá aclarar si de verdad fue así o se dieron pautas para ello. Unas explicaciones muy relevantes en esta instrucción por un delito de revelación de secretos e intromisión en la intimidad que el magistrado sopesa que pudo producirse al entender que la propiedad del ordenador por parte del empleador «no conlleva dejación del derecho a la intimidad de la usuaria del mismo respecto de las conversaciones privadas de ella en un móvil personal».

Esta continuación de la investigación se produce después de que la Fiscalía de Zaragoza haya rechazado la solicitud de archivo que realizaron los tres investigados. La fiscala firmante del escrito, Mercedes Pinós, recuerda que el arzobispo, el económo diocesano y el informático han declarado «habiendo hecho las alegaciones pertinentes», por lo que entiende que «procede continuar con la tramitación de la causa hasta el total esclarecimiento de los hechos, antes de adoptar cualquier tipo de medida».

AUTORIZACIÓN

La representante del ministerio público recalca que «tanto la intervención del disco duro, como el análisis de los mensajes de whatsapp, fue ordenado y autorizado por el arzobispo Jiménez y que el perito elaboró un informe sobre dicho contenido que procedía de la copia de seguridad del teléfono particular y no de archivos propios de un computador».

Una explicación que la acusación pública basa en la tesis de que ese contenido personal «fue copiado automáticamente por el programa» con el agravante de que el Arzobispado de Zaragoza los utilizó en un procedimiento judicial canónico contra la exnotaria y contra otros dos sacerdotes con los que mantiene conversaciones críticas del hacer diario del actual prelado zaragozano, así como de su antecesor, Manuel Ureña.