Luis Roldán obtuvo ayer una victoria judicial que le acerca, aunque sin concedérselo todavía, al régimen abierto penitenciario. Contra el criterio del fiscal, la juez María del Mar Navarro Mendiluce, titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número uno de Valladolid, falló ayer a favor del pase a tercer grado --que permite al recluso acudir a la cárcel sólo a dormir de lunes a jueves-- del exdirector de la Guardia Civil, encarcelado en Brieva (Avila) desde febrero de 1995 y condenado a 31 años de prisión por corrupción.

La magistrada ha estimado de este modo el escrito de Roldán, que recurrió la decisión adoptada el pasado 22 de marzo por la dirección de Instituciones Penitenciarias de denegarle el tercer grado, a pesar del informe favorable de la junta de tratamiento del centro de Brieva.

Fuentes penitenciarias explicaron ayer que, para apoyar la excarcelación parcial de Roldán, la juez se basa en la convicción de que las posibilidades de que el recluso reincida son muy escasas, puesto que no volverá a gestionar los fondos públicos que en su día se embolsó. De prosperar su progresión al tercer grado, el exjefe del instituto armado --huido de la justicia de abril de 1994 a febrero de 1995-- debería acreditar una oferta de trabajo en firme para limitar su estancia en prisión a las noches de las jornadas laborables.

Antes de fallar a favor del exdirector de la Guardia Civil, la juez Navarro recabó el criterio del fiscal, que le adelantó su oposición a la concesión del tercer grado. Por eso, la magistrada ha optado por no hacer efectivo el acceso de Roldán a la semilibertad hasta que se resuelva el recurso ayer anunciado por el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que tachó de "injustificada" la decisión adoptada por la juez de Valladolid.

Si el ministerio público hubiese renunciado a impugnar esta resolución judicial antes de tres días, ésta se hubiera hecho firme y, con ella, la concesión del régimen abierto a Roldán, que ya ha disfrutado de algunos permisos penitenciarios.

Este recurso acabará en manos de la Audiencia Provincial de Madrid, que el pasado mayo se opuso a que Roldán obtuviese el tercer grado. Para fundamentar su rechazo, este tribunal esgrimió hace sólo cinco meses tres argumentos: la gravedad de la condena (31 años y seis meses de cárcel), que Roldán no había pagado al Estado la indemnización impuesta de 9,2 millones de euros, y que hasta 2005 no cumplirá las tres cuartas partes de la pena que dan acceso a la libertad condicional.