Si el PP cree que el Gobierno municipal actuó mal al destinar el remanente del 2010 al pago de proveedores, y no para reducir deuda financiera, y que esto puede conllevar causa contra los portavoces que aprobaron esta decisión deberá acudir él mismo a la Fiscalía o al Tribunal de Cuentas. La sala del tribunal así lo ha notificado después de que el PP presentase un recurso de reposición contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que determinaba la imposibilidad legal de aplicar una sentencia sobre un presupuesto ya cerrado, como el del 2010.

El PP llevó al ayuntamiento a los tribunales porque el PSOE, con el apoyo de CHA e IU, así lo hizo (el remanente eran 7,5 millones de euros) cuando un real decreto ley del Ejecutivo central le obligaba a hacer lo contrario. Los tribunales dieron la razón al PP, pero en diciembre el TSJA determinó la inejecutabilidad de esa sentencia porque el ejercicio está ya liquidado.

Pero el PP volvió a presentar un recurso de reposición para "que se dedujese el tanto de culpa de los responsables de dicha actuación ante el Tribunal de Cuentas o su Fiscalía", para "dirimir responsabilidades contables". En esta ocasión la sala, en una resolución del 17 de febrero, detalla que se "entiende que quedaba implícito en la resolución que no iba a trasladar el tanto de culpa al Tribunal de Cuentas o la Fiscalía", detalla en su escrito.