El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Zaragoza ha desestimado la paralización de la adjudicación a una empresa privada de la construcción del nuevo hospital de Alcañiz (Teruel), que fue solicitada por catorce organizaciones al considerar que supone un nuevo paso en la privatización de la sanidad pública.
Según ha avanzado a los medios el departamento de Salud, el auto del titular del juzgado, además de desestimar la paralización, ha ratificado que está garantizada la sanidad pública y no vulnera la legislación en materia sanitaria, a la vez que señala que no tiene nada que ver con otras fórmulas como la de Madrid.
Al respecto, el juez precisa en su auto que mientras en la comunidad madrileña había una cesión de la gestión sanitaria a entidades privadas, en el caso del hospital de Alcañiz la prestación sanitaria se hace "en todo caso" con el personal del Servicio Aragonés de Salud, que "no pierde tal condición, ni cobra de la entidad gestora".
El juez concluye que las alegaciones planteadas "giran en torno a si es acertada o no" la decisión de construir el hospital bajo este sistema de construcción-gestión (con un presupuesto de 451.174.551 euros), lo que "escapa a la decisión de esta jurisdicción".
Asimismo, considera que en este caso "no se ha aportado argumentación jurídica relevante sobre graves infracciones del procedimiento que pudieran llevar a considerar la conveniencia jurídica" de paralizar el proyecto.
En sus argumentaciones, señala que en la denuncia de los recurrentes sobre el sobrecoste del proyecto hospitalario no se aportan comparaciones con otros de similares características y decir en estas condiciones que es un coste elevado "no supone, en sí, nada".
En este sentido, dice que las "elucubraciones pueden hacerse en el plano de las decisiones políticas pero no en el de las decisiones jurídicas" y rechaza las alegaciones basadas en el trabajo del médico jubilado Marciano Sánchez Bayle sobre la privatización de la sanidad, al considerar que ha sido portavoz de la federación de Asociaciones de la Defensa Pública.
Ante la petición de continuar con el viejo hospital, el juez considera que no se pueden comparar las prestaciones con el nuevo y que no parece que la mera discrepancia con el sistema de contratación pueda justificar por sí sola la suspensión de un contrato como este.
La adjudicación de la construcción del hospital a la unión temporal de empresas formada por OHL e Iridium fue recurrida en los tribunales por 14 organizaciones, entre ellas la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, CCOO, CHA, PSOE, Podemos y CGT.
Estas organizaciones presentaron dos recursos contencioso administrativos al entender que generaría "perjuicios de difícil o imposible reparación" si hay un cambio de Gobierno tras las elecciones del 24 de mayo y se produce una anulación posterior.
Según advirtieron estas organizaciones, que presentaron 17.000 firmas y 11.000 alegaciones al proyecto, la adjudicación podía acarrear consecuencias económicas importantes, por lo que planteaban posponer la decisión hasta que se resolvieran los recursos.
Las organizaciones cuestionan que se cedan doce hectáreas compradas por el ayuntamiento y consideran que este modelo de adjudicación cuesta a las arcas públicas 451 millones en lugar de 180, ya que "279 son para la empresa privada".
El Gobierno de Aragón adjudicó el pasado 15 de mayo las obras del hospital de Alcañiz a OHL e Iridium por un valor de en torno a 390 millones de euros.
