El arzobispo de Zaragoza, Vicente Jiménez, tendrá que declarar este viernes como investigado (antigua imputación) por el supuesto espionaje cometido en el seno del Tribunal Interdiocesano de Primera Instancia de Zaragoza. El instructor de este asunto acaba de rechazar el recurso que el mitrado realizó para evitar dicha citación «puesto que la condición de investigado en un proceso penal no conlleva únicamente solo ventajas, sino también inconvenientes por su efecto estigmatizador». También solicitó el archivo de la causa que ha sido denegada.
El titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Zaragoza, Luis Fernando Ariste, señala en un auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO que hay «indicios de injerencia en el derecho a la intimidad» de la exnotaria María del Carmen Amador, así como de las personas con las que esta mujer hablaba a través de su teléfono móvil. Y es que, antes del despido de esta empleada, que fue admitido como improcedente por parte de la Iglesia y a la que tuvo que indemnizar, el prelado investigó el ordenador en el que trabajaba.
Amador, de forma involuntaria al cargar el teléfono, se habría descargado una serie de conversaciones de Whatsapp que fueron utilizadas por el arzobispado como base para una denuncia canónica contra Amador, pero también contra dos sacerdotes, Roberto Ferrer y Antonio Mas, con los que, al parecer, criticaba algunas decisiones tomadas tanto por el arzobispo Jiménez como por su antecesor Manuel Ureña, que tuvo que dejar el cargo envuelto en polémica. Para la Iglesia zaragozana la actitud de los tres fue «calumniosa».
PRIVACIDAD
Junto al arzobispo y al económo Ernesto Meléndez, que también está encausado, recurrió su imputación el informático artífice del análisis del ordenador de la exnotaria, Jorge P. G. Alegó que no se intervino declaración alguna, que lo que se hizo fue «una prueba pericial de búsqueda de material de archivo en una computadora profesional» y que Amador los descargó de forma consciente. Añade que no accedieron al contenido del móvil.
Una argumentación que también rechaza el juez instructor Ariste, quien admite que no se analizó el terminal, pero «sí los datos del mismo que es de carácter privado y que no está relacionado con la actividad profesional» de la exnotaria y denunciante.
Las pesquisas que dirige el magistrado se basan en una investigación llevada a cabo por la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Jefatura Superior de Aragón por supuesta revelación de secretos, como adelantó este diario.
