El juez Rafael Lasala abrió diligencias para de inmediato archivar la causa al no ver carácter delictivo en el vídeo de los dos jóvenes zaragozanos. Lo consideró inscrito en el marco «de la irreverencia e ingenio popular con el que la gente de la calle toma aire frente a la asfixia que produce un teatro del absurdo promovido por quienes deberían ser ciudadanos ejemplares y leales con la fuente de su autoridad».

El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza recordaba en su auto, ahora recurrido, que según reiterada jurisprudencia del Supremo, para que las amenazas condicionales constituyan delito tienen que ser serias y posibles de cumplir.

En este caso, los dos civiles identificados «ni tienen a su disposición carros de combate, ni tienen autoridad o mando sobre personal militar ni han instigado a mandos miliares, suboficiales o tropa para que se dirijan contra el denunciante» Puigdemont.

Así pues, no ve las amenazas posibles de cumplir ni serias, pues a su juicio reflejan «chanza y burla en un contexto previamente creado por la persona destinataria de su sarcasmo, que es objeto de investigación por las autoridades españolas por su abierta contradicción con el ordenamiento jurídico». Las equipara con charangas o con la parodia de Tabarnia.

De hecho, considera «una paradoja» el hecho de que el expresidente de la Generalitat catalana, «apele a un supuestos carácter simbólico de su actuación, sin efecto jurídico alguno (en referencia a la declaración unilateral de independencia), y lo niegue de quien hace una broma con más o menos gracia, siendo que aquel sí dispone de instrumentos, patrimonio público y personal afecto para dicha alteración, mientras que los dos jóvenes que aparecen en el discutido vídeo carecen de lo más mínimo para llevar a cabo lo que dijeron».

Además, señala que los jóvenes no fueron quienes dieron difusión pública al vídeo (o no hay prueba de que así fuera), sino un usuario aparentemente catalán de Twitter, criticándolo. Y penar el compartir vídeos con amigos rozaría límites «orwellianos».

Tampoco ve por ninguna parte delito de odio, pues el vídeo se dirige claramente contra Puigdemont, y no lo incita contra ningún colectivo.