El arzobispo de Zaragoza, Vicente Jiménez, tendrá que responder judicialmente por el supuesto caso de espionaje llevado a cabo en el seno del tribunal interdiocesano de la capital aragonesa, que fue denunciado por una de las presuntas víctimas, la exnotaria María del Carmen Amador.

El titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Zaragoza, Luis Fernando Ariste, le ha citado a declarar en calidad de investigado -antigua imputación- el próximo 3 de marzo, según fuentes consultadas por EL PERIÓDICO. Junto a él también están llamados el económo diocesano de la Iglesia en Zaragoza, Ernesto Meléndez, y el perito Jorge Pina. Según la denunciante, el arzobispo encargó a Meléndez intervenir el disco duro del ordenador que utilizaba la exnotaria, a quien el magistrado emplaza el día 1 de febrero para ofrecerle acciones como perjudicada. Lo hace extensible a su superior entonces, el exjuez interdiocesano Roberto Ferrer.

Todo ello responde a una investigación llevada a cabo por la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Jefatura Superior de Aragón por supuesta revelación de secretos.

Al parecer, el prelado ordenó un volcado de la copia de seguridad del teléfono móvil de la exnotaria, incluyendo las conversaciones de Whatsapp con determinadas personas, entre ellas el entonces juez del tribunal interdiocesado, el profesor del seminario Antonio Mas y con varios periodistas. Una información que habría sido utilizada por Vicente Jiménez en una investigación canónica, que está en manos de la Signatura Apostólica, en contra de los dos sacerdotes y de la exnotaria, que es seglar.

El material fue analizado, según la denunciante, extralimitándose aquello que podía ser objeto de disciplina laboral, como podría ser el correo corporativo o las páginas de internet visitadas en horas de trabajo.

Los mensajes en cuestión giraban sobre un grupo bajo el nombre de Justicia en el que compartían informaciones, opiniones y estrategias de actuación respecto al arzobispo Vicente Jiménez, después de que sustituyera a Manuel Ureña, quien renunció por cuestiones de salud, si bien posteriormente se filtró que había sido cesado por pagar casi 100.000 euros al diácono de Épila, Daniel Peruga, para tapar unos presuntos abusos.

FRASES

En dicho grupo de Whatsapp resaltan frases relacionadas con Ureña como: «Ha robado a espuertas», «sobornos a buena parte de la curia», «sinvergüenza», «gángster»; o sobre los formadores de los seminaristas que hacen que los estudiantes «viven bajo el terror» o que «pierden aceite». También resaltaban la existencia de un «lobi homosexual que se apoderó de la diócesis y la saqueó».

Esta investigación en el Juzgado de Instrucción número 11 de Zaragoza es paralela a otra que lleva a cabo el titular del Instrucción número 12, Alfonso Tello, en contra de la exnotaria, María del Carmen Amador. En esta ocasión nace del arzobispado y se le acusa de verter injurias a través de anónimos, así como de alzamiento de bienes y falsedad documental por extender, presuntamente, una serie de cheques para quedarse el dinero. Amador lo niega y asegura que todo ello es una operación en contra de ella.