Ricardo García Becerril sumó ayer la imputación en el caso apartadero a las que ya tiene por el saqueo --está en libertad bajo fianza de 300.000 euros-- y por el pagarés. El magistrado del Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza, Alfonso Tello, citó ayer al exgerente de Plaza para que el próximo 14 de abril declare como encartado en las diligencias abiertas para esclarecer si existieron irregularidades en la adjudicación de las contratas del apartadero ferroviario y de la urbanización de la zona de reserva para futuros crecimientos del complejo logístico.
Plaza adjudicó la contrata para elaborar el proyecto y ejecutar las obras del apeadero en el verano del 2008 a la UTE liderada por Acciona por 8,34 millones, mientras que asignó el movimiento de tierras de la zona de reserva a la misma unión empresarial a finales del año siguiente por 7,1.
La Fiscalía llevó estas dos contratas al juzgado al advertir, tras recibir un informe preliminar del Tribunal de Cuentas, indicios de prevaricación en los expedientes. La denuncia del segundo expediente recayó por reparto en Instrucción 12, cuyo magistrado, Alfonso Tello, decidió abrir diligencias. Poco después, acumuló al legajo la denuncia del primero tras inhibirse la titular de Instrucción 8.
CORREOS
Plaza, personada en la causa, "planteó que en realidad se había producido una connivencia previa a la adjudicación de los contratos", para lo que se basó en "una serie de correos electrónicos" que obran en las diligencias del caso saqueo, según explica el magistrado en el auto de imputación.
El juez tomó declaración el pasado 18 de febrero a Francho Chabier Mayayo, trabajador de Acciona que compareció como testigo de cargo ante la Fiscalía Anticorrupción en el inicio del caso saqueo y que fue quien aportó esos correos.
Mayayo explicó en su declaración que esos correos, cuya existencia adelantó EL PERIÓDICO el pasado 19 de febrero, incluían "principalmente la documentación que preparaba para las reuniones que mantenía" el exgerente de la UTE José María Jordán con García Becerril, el cual firmó los contratos de adjudicación como representante de Plaza, añade el auto.
El magistrado ha decidido citar como imputado a García Becerril para interrogarlo sobre "las actuaciones que precedieron a la adjudicación de los contratos" ante "el planteamiento" de Plaza y por el hecho de que Mayayo "no fue demasiado explícito en sus manifestaciones".
Entre esos correos hay uno fechado el 23 de agosto del 2007, en el que Jordán comunica a tres empleados de su confianza varios "temas ineludibles a tratar". Uno de ellos era este: "Proyecto ferroviario. Coalvi y Miguel Piris. Confirmación presupuesto y oferta de acompañamiento de Coalvi. Cierre de precios con Coalvi en el mismo acto para subcontratación".
Otro correo, de noviembre del 2008, asigna a la obra un precio sin IVA de 7.189.763 euros, que era el que figuraba en la oferta que la UTE formalizó el 21 de julio del 2008, menos de veinte días antes de la firma del contrato por esa cantidad. Las obras del apartadero comenzaron a mediados de noviembre del ese mismo año.
CONTRATOS
Plaza basó la adjudicación en un estudio de ofertas que "carece de fecha, firma e identificación de su autor", que "consiste en meros cuadros de puntuaciones" y que omitía "los motivos de las puntuaciones otorgadas a cada uno de los licitadores", salvo el referente al precio.
Tanto el apartadero como el movimiento de tierras fueron adjudicados mediante procedimientos negociados sin publicidad, aunque "los aspectos a negociar (entre Plaza y el adjudicatario) no se precisaron" en los documentos que recogen las cláusulas que rigieron los concursos, mientras que los criterios de adjudicación "figuran en un anexo (...) que no se menciona en el pliego".
La DGA ha pedido al juez que una la investigación al caso saqueo que lleva el Juzgado de Instrucción número 1 al sostener que son "hechos conexos".
