El magistrado del Juzgado de Instrucción número 11 de Zaragoza, Luis Fernando Ariste, ha imputado a la número dos de la Consejería de Economía y Empleo de la DGA, Cristina Asensio Grijalba, como presunta autora de un delito de mobbing o acoso laboral supuestamente cometido sobre un funcionario del departamento que dirige Francisco Bono.
Asensio, que declaró ayer como imputada ante el juez con la asistencia del abogado Jesús García Huici, negó que hubiera presionado o vejado al denunciante, Joaquín Lahoz, presidente del Colegio de Geólogos de Aragón. Ambos declinaron ayer hablar con EL PERIÓDICO sobre este asunto.
La alto cargo de Economía está imputada por un delito contra la integridad moral --en su vertiente laboral-- en concurso con otro de lesiones, por los episodios de ansiedad y depresión que, según la denuncia, su conducta produjo en el funcionario.
El Código Penal castiga con hasta cuatro años de prisión los delitos contra la integridad moral, condena que puede elevarse hasta los seis en caso de conllevar otros cargos.
INDEMNIZACIÓN El Gobierno de Aragón ha sido denunciado como responsable civil subsidiario de la conducta de Asensio, por lo que debería cubrir las obligaciones pecuniarias --multas y/o indemnizaciones-- que se derivaran de una hipotética sentencia condenatoria.
Joaquín Lahoz es funcionario autonómico con el nivel 28, uno de los más elevados de la Administración. Está destinado en la Consejería de Economía, donde, según la denuncia, llegó a permanecer durante meses sin funciones asignadas --con destino pero sin trabajo-- y sufriendo una situación vejatoria que llegó a afectar a su salud.
La querella narra una supuesta persecución cuyo inicio se remonta al año 2005, cuando Lahoz estaba destinado en el Departamento de Industria y Asensio formaba parte de los Servicios Jurídicos de la DGA. Desde mediados del 2011 coinciden en Economía.
La defensa de Asensio sostiene que hasta el 2011 querellante y denunciada no tuvieron relación funcional en la DGA.
El denunciante, representado por la penalista Cristina Ruiz-Galbe, está imputado en la operación Minas, en la que el magistrado del Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza, Alfonso Tello, investiga, a raíz de una denuncia del Departamento de Industria del Gobierno de Aragón, la existencia de una presunta trama de corruptelas en el Servicio de Minas de Zaragoza.
OPERACIÓN MINAS En esta causa están encartados varios funcionarios y algunos empresarios. Uno de estos últimos, C. P. A., negó ayer en su declaración los hechos que le imputan la Fiscalía, la DGA y Plaza.
A mediados del 2010 el secretario general técnico de Industria y la directora general de Energía designaron a Asensio --como miembro de los Servicios Jurídicos-- y a un ingeniero de esa consejería para investigar una serie de presuntas irregularidades en el Servicio Provincial de Minas de Zaragoza de las que habían tenido noticia a través de una denuncia anónima.
Ambos firmaron el informe en el que se basó la denuncia que a principios del 2011 presentó ante la Fiscalía el consejero Arturo Aliaga y que dio origen al caso Minas. Asensio ratificó la semana pasada ante el Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza, que la llamó a declarar como testigo, el contenido de ese documento. Hoy declara de nuevo como imputado Lahoz, contra quien la DGA amplió la denuncia la semana pasada.
