El juez del caso Minas, Alfonso Tello, magistrado del Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza, investiga una concesión minera no explotada cuya expropiación estuvo a punto de costarle a Plaza 35 millones de euros. El Tribunal Supremo evitó, al admitir un recurso del Gobierno de Aragón, que la plataforma logística tuviera que indemnizar con esa cantidad al propietario, la empresa Hanson Ibérica.
El de esa concesión es uno de los expedientes en el que la Fiscalía, la DGA y Plaza sostienen que existieron irregularidades.
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón determinó que Hanson debía ser indemnizada por el valor de "la reserva estimada de mineral existente en los terrenos", que era de 199.500 metros cúbicos de grava silícea destinada a fabricar hormigón y asfalto explotables por 30 años. Antes, el Jurado de Expropiación había determinado que "la explotación de la concesión carecía de cualquier valor", por lo que le asignó un precio de cero euros.
El Gobierno de Aragón sostuvo, y el Supremo avaló su tesis, que la indemnización debía equivaler "al importe capitalizado al interés legal de los rendimientos de la explotación en los últimos tres años". La concesión fue otorgada en 1998, mientras que la expropiación tuvo lugar cuatro años más tarde.
Por otro lado, el juez Tello escuchó ayer la declaración de los dos funcionarios de la DGA que elaboraron el informe en el que se detallaban las presuntas irregularidades que dieron origen a la operación Minas. Ambos coincidieron en no recordar mucho.
NUEVA IMPUTACIÓN
Las declaraciones continuarán con otros empresarios presuntamente implicados en la trama el próximo jueves, un día antes de que el exjefe de Ordenación Minera --y expresidente del Colegio de Geólogos--, Joaquín Lahoz, vuelva a declarar en la instrucción.
A raíz de su testimonio, en el que aseguró que apartó un informe en espera de un trámite (luego apareció en el expediente de una licencia), la DGA le imputa un nuevo delito de falsedad documental.
