El juez de Instrucción número uno de Zaragoza, Carlos Lasala Albasini, ha llamado a declarar a una treintena de personas por su participación en las manifestaciones ante las sedes del PP el 13 de marzo, en víspera de las elecciones generales. El juez Carlos Lasala dijo hoy a EFE que se trata de una "práctica de atestados ampliatorios" que afecta a "unas cuantas" personas, y rehusó dar ninguna otra explicación. Fuentes de Izquierda Unida (IU) confirmaron a EFE que esas personas, de las que al parecer alguna ya ha declarado, han recibido llamadas "telefónicas" y no cartas de citación, en las que se les pide que acudan a declarar pero no al Juzgado de Instrucción sino a la comisaría, un hecho que califican como una "peculiar forma de funcionamiento". Según informó hoy Radio Zaragoza, de la Cadena SER, a las personas citadas se les imputa actos de propaganda electoral en la jornada de reflexión, lo que está penado por la Ley Electoral con arresto mayor o multas. Según las citadas fuentes, IU ha tenido conocimiento de varias personas que participaron en estas movilizaciones "espontáneas" sobre las llamadas que han recibido desde las comisarías para que se personen a declarar por orden judicial. La coalición está sorprendida por esta forma de actuación y más desde el tiempo transcurrido, lo que demuestra, a su juicio, que el juez ha tomado el caso como "una cruzada personal", sobre todo cuando "ya quedó claro" entonces que "no hubo ninguna intención organizativa", sino que constituyó una "explosión ciudadana y espontánea". Chunta Aragonesista (CHA) también ha confirmado que una persona les ha comunicado que ha recibido una de estas llamadas, dijeron a EFE fuentes de este partido. El coordinador general de IU-Aragón, Adolfo Barrena, mostró hoy su solidaridad con estas personas, "que aparentemente estaban ejerciendo un derecho ciudadano en la calle". Por su parte, el secretario de organización de la coalición, José Manuel Alonso, dijo que han puesto a disposición de los afectados "todos los recursos organizativos" del partido" ante una "profunda agresión" al derecho de libertad de expresión.
