La Justicia en España es administrada actualmente por hasta cuatro administraciones o instituciones distintas (salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia de las comunidades, ministerio, Consejo General del Poder Judicial y los ejecutivos autonómicos). Esta forma de organización, según el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro Miranda, provoca un retraso en la toma de decisiones para acabar con problemas que, en muchas ocasiones, se resuelven con dinero.
Ante esta realidad, Navarro Miranda pidió, durante el Foro Cope celebrado en Zaragoza, que los presupuestos estatales o los autonómicos que tengan las competencias de Justicia incorporen una dotación mínima que se ponga a disposición de los órganos judiciales y fiscales "sin discusión". Un guante que recogió el consejero del ramo del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, quien lamentó "que no todos los territorios tienen sensibilidad en este servicio al ciudadano, provocando diferencias entre españoles".
Este no es el único cambio a realizar en este sector que reclamó este magistrado, ya que defendió la necesidad de afrontar la reforma de los procesos penales, entre otros porque su estructura cuenta con "más de tres siglos de antigüedad y porque desde su aprobación se ha modificado más de setenta veces, cincuenta después de la Constitución, sin un trabajo de campo en el ámbito sociológico o criminal y sin la memoria económica necesaria".
En este marco propuso cambiar el nombre de imputado por otro con menor carga peyorativa, reformar el secreto de las actuaciones y que de forma "urgente" se solucionen y regulen las injerencias en los derechos fundamentales del encausado, como el seguimiento de vehículos o personas, la intervención de conversaciones y el uso de sistemas de comunicación modernos. De hecho, reconoció que "no hay legislación como tal que garantice investigar un whatsapp".
También abogó por simplificar recursos en toda la fase de instrucción para que "no vaya paralizando eternamente un proceso penal", que el Tribunal Supremo conozca por vía de casación todos los delitos penales para unificar doctrina y que se dote de mayores facultades de instrucción a la Fiscalía para que el juez se encargue de garantizar los derechos de la persona. "Ahora un juez está investigando a una persona y a la vez garantizando sus derechos", resaltó.
