El juez instructor del caso pagarés, Francisco Picazo, sigue en su empeño de cubrir la responsabilidad civil de los 18,85 millones de euros de este asunto de sobrecostes en la construcción de 119 naves en Plaza. Hasta ahora solo había conseguido 1,6. Por ello, acaba de firmar un auto para ampliar el embargo de los bienes de los cuatro imputados --el exviceconsejero socialista de Obras Públicas, Carlos Escó; el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril; el constructor Agapito Iglesias, y el exdirector técnico de Plaza, Miguel Ángel Pérez.

En el caso de Escó es el tercer embargo que sufre, ya que a sus propiedades en Nueno, L'Hospitalet del Infant, Sallent de Gállego, sus vehículos o su sueldo en Telefónica de 240.000 euros, se añaden ahora varios planes de pensiones o acciones. Todo suma un valor de medio millón de euros.

TÍTULOS FINANCIEROS

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza le quita sus participaciones en un fondo de inversiones en Caixabanc y los que él tiene como titular en Fonditel B, Pensions Caixambición y Fonditel Alfa. Además, añade a la lista los 5.600 valores que ostenta en Telefónica, donde trabajó al salir del Gobierno.

Otro de los imputados, Ricardo García Becerril, se le ha embargado la cuantía de los activos financieros en Ibercaja y de las acciones en Telefónica, Endesa y BBVA. También se apodera el juzgado de los planes de pensiones en Axa o en Winterthur.

Estos activos no le habían sido trabados por el Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza, cuyo juez, José Ignacio Martínez, le imputó en la causa junto a otras 23 personas más por la supuesta malversación de 80 millones de euros en las obras de urbanización de la Plataforma Logística de Zaragoza. Tenía propiedades por valor de 455-250 euros,.todas ellas integradas en el consorcio conyugal con su mujer, Elena Planté, también imputada en la causa principal.

El juez Picazo ordena quitarle al constructor soriano y anterior máximo accionista del Real Zaragoza, Agapito Iglesias, sus planes de pensiones o seguros de vida en Vidacaixa y en Europopular, además de las acciones que tiene Telefónica y en el Santander.

Asimismo, identifica sus participaciones en Zaragoza Plaza Center Campus Empresarial, Inversiones Aragonesas Internacionales y Empadercli 2005. También hace suyos los rendimientos de los que activos financieros en Optima Ahorro Corto Plazo y en Santander Emisora 150.

En la anterior ocasión, se le retuvo un patrimonio de 648.850 euros entre su chalet en Rivas-Vaciamadrid, un céntrico piso en Madrid o un apartamento en Biescas.

TESTAFERROS

Todos estos bienes son los declarados, pero tanto la Fiscalía como la acusación popular, ejercida por la letrada de UPD, Irene Romea, quieren que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional investigue dónde pueden estar el dinero que supuestamente se repartieron entre los imputados. De hecho, quieren que se busque si algún testaferro ha podido ayudar a alguno de ellos.

De momento, estas peticiones han recibido una respuesta negativa por parte del magistrado Picazo, quien consideró que era "inútil" porque iba a ser muy complicado encontrar el paradero de ese dinero. Reprochó al ministerio público que "de forma machacona" lo solicitara.

El instructor señaló en el auto de imputación que "hay una razonable posibilidad" de que 14 millones de euros de los sobrecostes "pasara a manos de las personas ya imputadas". Consideró que no era comprensible que el contratista facture al cliente una cantidad superior a la presupuestada.

Además, criticó que desde la empresa pública no se defendiera el dinero procedente de los impuestos de los aragoneses.