Diez meses después de que comenzara la investigación del caso pagarés, el magistrado del Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza, Francisco Picazo, ha decidido declarar el secreto de las actuaciones.

Picazo así se lo ha comunicado a los abogados de las defensas y de las acusaciones, a quienes les dice que durante un mes no tendrán información alguna sobre estas pesquisas, salvo la Fiscalía que podrá solicitar más pruebas, así como conocer algunas decisiones del juez sobre este asunto de sobrecostes millonarios en la Plataforma Logística de Zaragoza.

Una decisión que ha sorprendido a algunos letrados personados por producirse cuando el caso tan solo está pendiente de que el ministerio público decida presentar el escrito de calificaciones contra los cuatro imputados --el exviceconsejero de Obras Públicas, Carlos Escó; el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril; el director técnico de la plataforma, Miguel Ángel Pérez, y el constructor Agapito Iglesias--.

Plaza y DGA solicitan entre 12 y 15 años de prisión por los delitos de estafa, administración desleal y malversación en concurso con falsedad. Mientras, UPD aumenta las penas hasta los 16 años de privación de libertad.

Sobre la mesa está, por ejemplo, la petición de la acusación popular, ejercida por la abogada Irene Romea en nombre de UPD, de quitar el pasaporte a Escó. Un informe de la Unidad de Blanqueo de Capitales de la Policía señaló la posibilidad de hubiera aprovechado viajes a Latinoamérica para llevarse dinero, al igual que Agapito Iglesias, tal y como publicó EL PERIÓDICO.

Esta circunstancia hizo que el propio juez dedujera testimonio de dicho análisis policial e impulsara una investigación sobre ello por los delitos de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. Un asunto que todavía ayer no había llegado al juez decano, Ángel Dolado, que deberá repartirlo entre los doce juzgados instructores.