El exviceconsejero de Obras Públicas del Gobierno de Aragón, Carlos Escó, tendrá limitados, desde hoy, sus viajes al extranjero. El magistrado del Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza, Francisco Picazo, le retiró ayer el pasaporte y le prohibió su salida de España.
Una medida que solicitó la abogada de la acusación popular en nombre de UPD, Irene Romea, ante "el riesgo de fuga" por su imputación en el caso pagarés, en el que se investigan unos sobrecostes de 18 millones de euros en la construcción de 119 naves en la Plataforma Logística de Zaragoza.
De esta forma, Escó pasa a tener el mismo tratamiento que otro de los imputados en este asunto, el constructor Agapito Iglesias, quien cada vez que hace un movimiento al extranjero tiene que justificar y pedir permiso al magistrado. En verano, el soriano solicitó ir a Italia para ayudar a su hija con su traslado como estudiante de Erasmus.
Esta decisión, que según el instructor estará vigente durante la tramitación de la causa o hasta que él decida modificarlo, imposibilitará sus viajes como director de relaciones institucionales de Telefónica para Latinoamérica. El salario de 240.000 euros anuales que recibe de la compañía también lo tiene trabado.
El juez que le quitó el pasaporte es el mismo que hace unos quince días impulsó una causa contra el exviceconsejero socialista y el constructor soriano por blanqueo de capitales y alzamiento de bienes, que tendrá que ser investigado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Zaragoza.
INFORME POLICIAL
La Policía Nacional remitió un informe a Picazo en el que señalaron que "existe la posibilidad, por otro lado habitual en este tipo de investigaciones, de que parte de los fondos --especialmente dinero en efectivo-- de los que disponen los procesados sea trasladado fuera de España con destino a terceros países". Sospechan de los viajes de Escó a Panamá, Colombia o Guatemala, o los realizados a Reino Unido y Ecuador por parte de Agapito Iglesias.
Carlos Escó está actualmente imputado en en este asunto, junto con Agapito Iglesias, el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, y el exdirector técnico de Plaza, Miguel Ángel Pérez Cervantes. El juez apunta a que se repartieron los sobrecostes millonarios.
No obstante, su nombre aparece en varias investigaciones en vigor realizadas por el Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza junto a la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Nacional. Concretamente, por supuestos contratos a dedo realizados en Plaza, que estarían enmarcados en el caso saqueo --investiga la supuesta malversación de 80 millones de euros en la urbanización del centro logístico--.
Asimismo, por el caso cuadros en el que los investigadores tratan de aclarar si se benefició de la compra de cinco cuadros --dos originales de Goya-- por parte de la DGA y Plaza.
