De "inútil". Así calificó el magistrado que investiga el caso pagarés la petición solicitada por Fiscalía para intentar averiguar dónde están los 17 millones de euros que supuestamente distrajeron entre el exgerente de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza), Ricardo Gracía Becerril, el constructor Agapito Iglesias, el exviceconsejero socialista de Obras Públicas, Carlos Escó y el exdirector técnico Miguel Ángel Pérez Cervantes.

En un auto firmado por el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza, Francisco Picazo, se desestima la prueba que debía realizar la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, después de que la Agencia Tributaria dijera que ella no podía hacerlo por cuestiones técnicas.

De hecho, el juez destaca esta característica para decirle al ministerio público que está insistiendo de forma "machacona" el llevar a la práctica esta prueba "que bien pudiera calificarse como de diabólica por la dificultad de su llevada a cabo". Es más, resalta que "es obvio que el dinero no estará ingresado en una cuenta corriente con claridad y transparencia".

En sus explicaciones también señala que la averiguación del presunto expolio se debería hacer si la investigación girara en torno al delito de blanqueo de capitales, pero no tal y como se ha hecho que va dirigida hacia el delito societario en su modalidad de administración desleal, estafa y malversación de causales públicos. También le dice a la Fiscalía Provincial que "la instrucción llevada a cabo hasta el momento ha sido suficiente en cuanto a su resultado para la indiciaria constatación de que hubo delito".

SOBRECOSTES De hecho, Picazo ha mantenido desde el primer momento que los sobrecostes de la operación de construcción y venta de 119 naves en Plaza se lo llevaron porque "no es en absoluto comprensible ni razonable que el contratista facture al cliente una cantidad superior en más del doble que la presupuestada y que éste último se avenga a abonarla sin problemas y sin oposición". Unas facilidades de manejo de dinero que "claro está era porque se hizo con dinero público", aseveró.

Unas desviaciones injustificadas para el arquitecto Mariano Pemán que actuó en la causa como perito. Este profesional aseguró que había cantidades "doblemente facturadas". Por ejemplo, resaltó que una factura de modificados, que ascendió a 3.750.766 euros, debería de haberse pagado por 213.990 euros. Además, recalcó que, a pesar de los sobrecostes, se abarataron los materiales. Es el caso de la sustitución del hormigón blanco por el gris para los muros, la disminución de los cerramientos acristalados con materiales de peor calidad, además de una "menor cantidad" de carpintería.

Desde UPD, su abogada Irene Romea Anadón, también exigió saber el destino del dinero e incluso buscar a supuestos testaferros, pero ha recibido la misma respuesta negativa que la acusación pública. Ahora si se hace o no la prueba está en manos de la Audiencia Provincial de Zaragoza. Esta situación vuelve a alargar en el tiempo que exista un escrito de la fiscalía en la que se pida prisión y responsabilidad civil a los cuatro imputados. Cuando ese documento sea entregado en el juzgado, se añadirá al resto de acusaciones --DGA, Plaza y UPD-- para señalar el día en el que se celebrará el primer juicio por supuesta corrupción en la gestión.